El Poder Judicial emitió el auto de enjuiciamiento por el caso del fallido del golpe de Estado de Pedro Castillo, ocurrido el 7 de diciembre del 2022, el cual marcó el fin de su gobierno y derivó en su detención. Con ese documento, la Corte Suprema ordenó que el expresidente vaya a juicio, donde se determinará si su intento golpista fue un delito y donde enfrentará un pedido de 34 años de prisión.
La resolución -a la que accedió El Comercio- fue firmada por el juez supremo Juan Carlos Checkley como conclusión de la etapa de control de acusación por este caso. En el documento, el magistrado dispuso que todo sea enviado a la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, tribunal que se encargará de programar el juicio, desarrollarlo y, finalmente, dictar la sentencia contra el expresidente.
Junto a Pedro Castillo son acusados tres exministros al momento del golpe, para quienes se solicita 25 años de prisión: Betssy Chávez, presidenta del Consejo de Ministros; Willy Huerta, ministro del Interior; y Roberto Sánchez, ministro de Comercio Exterior y Turismo y actual congresista. También está Aníbal Torres, exjefe del Gabinete Ministerial y asesor principal de la PCM durante los hechos. Para él se piden 15 años como condena.
ista y su intento de romper el orden constitucional para gobernar por decreto. Hay otros tres acusados, quienes son miembros de la Policía: el general Manuel Lozada, el comandante Jesús Venero y el teniente Eder Infanzón. Según la fiscalía, ellos habrían intentado seguir sus órdenes para impedir el funcionamiento del Congreso.
Todos los siete procesados están acusados por el delito de rebelión. Adicionalmente, a Pedro Castillo también se le imputan los delitos de abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. Durante el proceso, todos han negado haber cometido un delito, por lo que buscarán su absolución durante el juicio.
Pedro Castillo y Betssy Chávez son los únicos que son procesados mientras cumplen prisión preventiva. La medida contra el expresidente por este caso estará vigente hasta diciembre del 2025. Aníbal Torres, Willy Huerta y Roberto Sánchez están en libertad con restricciones, como la de no salir de Lima sin permiso judicial. La fiscalía presentó su acusación por este caso en enero del 2024 y todo apunta a que el juicio iniciará en enero del 2025.
