Un grupo de 59 personas identificadas como pandilleros del ‘Barrio 18’, facción Revolucionarios, recibió condenas individuales de hasta 597 años de prisión por delitos cometidos entre 2018 y 2021 en San Salvador, incluidos homicidios y tráfico de personas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
La Fiscalía no precisó si el caso se tramitó bajo el modelo de audiencia única abierta, que permite realizar juicios masivos contra presuntos pandilleros.
Según la Fiscalía, cada acusado recibió una condena de acuerdo con su grado de participación por delitos como agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, tráfico de personas y al menos ocho homicidios agravados.
La institución indicó que “dentro del proceso se incluyeron casos como el asesinato con ensañamiento de dos mujeres, ocurridos en 2018 y 2019”, señaló la FGR, y agregó que la estructura “captaba víctimas a quienes ofrecía trasladarlas hacia los Estados Unidos, exigiéndoles montos que rondaban los 10.000 y 13.000 dólares”.
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Juicios masivos en El Salvador
Entre las penas más altas figuran los 597 años impuestos a Mario Josué Anzora Ramírez por seis homicidios agravados y los 415 años dictados contra Denis Raúl Martínez Arias por cinco homicidios y otros cargos.
“Los demás procesados recibieron diferentes condenas, de acuerdo a su grado de participación en los delitos ya mencionados.
De los 59 imputados, 8 se encuentran en condición de rebeldía”, añadió la FGR. Las sentencias las emitió el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador.
El Salvador permite desde 2023 realizar juicios masivos para juzgar a supuestos pandilleros en el marco del régimen de excepción impulsado por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, una herramienta criticada por organizaciones de derechos humanos y de familiares de los acusados.
El polémico régimen de excepción, señalado de violentar derechos humanos, se convirtió en la principal apuesta del Gobierno contra las pandillas y le supuso al presidente Bukele, quien mantiene alta aprobación entre los salvadoreños, su reelección inmediata para un segundo mandato, pese a la prohibición constitucional.
