Organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil presentaron en una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) información actualizada sobre los problemas que hacen vulnerable al sistema de justicia de Honduras frente a presiones externas y que debilitan su capacidad para controlar abusos de poder y proteger los derechos de la población.
Durante la audiencia pública “Situación de la independencia judicial en Honduras”, realizada en el marco del 196º Período de Sesiones de la CIDH, las organizaciones abordaron preocupaciones generales como:
- El uso del juicio político contra operadores de justicia sin haberse realizado la adecuación legislativa según lo estipulado en la sentencia del caso Gutierrez Navas y otros vs Honduras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
- La concentración de las facultades de administración de la carrera judicial y la prolongada ausencia de un Consejo de la Judicatura independiente.
- La modificación o reversión de decisiones internas del Poder Judicial en contextos de presión externa.
- La falta de transparencia y participación ciudadana alrededor del proyecto de Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial supuestamente remitido al Congreso Nacional por parte de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Las organizaciones destacaron ante la CIDH que estas debilidades no afectan únicamente el funcionamiento interno del sistema de justicia. Cuando jueces y juezas no cuentan con garantías suficientes para ejercer sus funciones, aumentan las barreras para denunciar abusos, combatir la impunidad y obtener respuestas oportunas, especialmente para las víctimas y las personas en situación de mayor vulnerabilidad. Durante el espacio de diálogo, las comisionadas y los comisionados señalaron que varias de las recomendaciones formuladas por la CIDH en su informe de país de 2024 continúan pendientes. Asimismo, aclararon que la referencia a hechos concretos no convierte la audiencia en el análisis de casos individuales, pues estos fueron presentados como ejemplos de problemas estructurales que afectan la independencia judicial.
En ese sentido, la audiencia se desarrolló dentro de las atribuciones de la Comisión para recibir información y monitorear la situación de los derechos humanos en los Estados miembros.
La participación de la sociedad civil en estos espacios públicos constituye, además, un elemento esencial para el cumplimiento de su mandato de promoción y defensa de los derechos humanos. “El fortalecimiento de la gobernanza judicial y de la carrera judicial constituye una prioridad para Honduras. La futura legislación debería garantizar un Consejo de la Judicatura independiente, protegido frente a intereses políticos o corporativos, guiado por los principios de transparencia, eficacia, rendición de cuentas y acceso a la información”, señaló Juan Carlos Monge, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) durante su participación en la audiencia. Ante esta situación, las organizaciones solicitaron a la CIDH: 1.
Recomendar al Estado la creación e instalación efectiva del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, con autonomía funcional, administrativa y presupuestaria; 2. Requerir la publicación y amplia socialización del proyecto de ley, que tome en cuenta los estándares internacionales y las necesidades de la sociedad hondureña garantizando la participación ciudadana en todas las etapas del proceso; 3. Instar al Estado a adecuar la normativa sobre juicio político a los estándares establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y 4. Mantener activo el monitoreo sobre la independencia judicial en Honduras y valorar la realización de una visita técnica al país.
Al cierre, la presidenta de la CIDH ratificó la competencia de la Comisión para monitorear esta situación y señaló que se habían escuchado “dos audiencias”: una exposición general, constructiva y preventiva por parte de la sociedad civil y, por parte del Estado, “un discurso que no se adecúa a lo que estuvimos escuchando en esta audiencia”. La audiencia fue solicitada por la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Abogados Sin Fronteras Canadá (ASF Canadá), el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), el Centro Jurídico por los Derechos Humanos (CJDH), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC).
