Medio centenar de organizaciones civiles pidieron este jueves al Departamento de Justicia y a las autoridades de Nueva York que investiguen el supuesto uso de la inteligencia artificial para vigilar las conversaciones en las cárceles estadounidenses por considerar que se está empleando indebidamente para grabar reuniones entre presos y sus abogados.
Estos abusos exigen una intervención urgente del Departamento. En consecuencia, solicitamos una investigación independiente sobre estas tecnologías de vigilancia”, aseguraron en un comunicado.
La solicitud está encabeza por el Proyecto de Supervisión de Vigilancia Tecnológica (STOP, por sus siglas en inglés) que sostiene que el empleo de esta tecnología en las cárceles es “sesgado, invasivo y una completa pérdida de dinero de los impuestos”.
El Departamento de Justicia debería prohibir este tipo de tecnología, no financiarla”, aseguró el director de STOP, Albert Fox Cahn, quien insistió que se está empleando para grabar llamadas telefónicas privadas con abogados y para “espiar momentos íntimos con la familia”.
Para la directora de la ONG Worth Rises, Bianca Tylek, “la vigilancia de las telecomunicaciones se aprovecha de la necesidad humana que tienen las personas encarceladas y sus familias de entrar en contacto, sometiéndolos a intrusiones en su intimidad innecesarias, tendenciosas e incluso ilegales”.
En un comunicado, las organizaciones citaron artículos de varios medios locales como Vice o el Daily News que informaron que las compañías que ofrecen servicios de comunicación a cárceles a lo largo del país están grabando las llamadas entre abogados y sus clientes, una conversación cuya confidencialidad está garantizada por la legislación estadounidense.
También denuncian que el Departamento de Justicia entregó 700 mil dólares al condado neoyorquino de Suffolk, para la compra del programa Verus, creado por la empresa LEO y destinado a realizar transcripciones de llamadas telefónicas.
La página web de Verus asegura que este programa “descarga, analiza y transcribe automáticamente todas las llamadas grabadas de los reclusos y las marca de manera proactiva para su revisión”.
Asimismo, sostiene que “el personal encargado de hacer cumplir la ley puede usar Verus para interrumpir más fácilmente las actuaciones criminales dentro de las instalaciones de los correccionales y ayudar en las investigaciones en curso con evidencia esenciales”.
Según las ONG, únicamente en el condado de Suffolk se supervisaron 2.5 millones de llamadas telefónicas entre abril de 2019 y mayo de 2019, en la que los funcionarios emplearon el término de búsqueda “mara”, nombre que se utiliza para designar a las pandillas de jóvenes delincuentes en varios países de habla hispana.
En la nota citan otras empresas tecnológicas que han desarrollado programas de vigilancia de llamadas usado en las cárceles como Securus de la que dicen que ha grabado “decenas de miles de llamadas entre abogados y sus clientes en todo Estados Unidos”.
Según Vice, se han presentado demandas contra Securus en siete estados: California, Kansas, Louisiana, Maine, Missouri, Texas y Wisconsin, y contra la empresa Tel Link, que también ha desarrollado una tecnología de vigilancia de audio, (GTL) en otros tres (Florida, California y Maine).
