La Procuraduría General de la República (PGR) interpuso una denuncia penal ante el Ministerio Público contra Jorge Constantino Colindres Castillo y Alberto A. Hernández Franks, por los presuntos delitos de traición a la patria y usurpación de funciones públicas, en perjuicio del Estado de Honduras, según informó este lunes la institución.
La acción legal se sustenta en la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que declaró inconstitucional, con efecto desde su origen, la reforma constitucional y la legislación que dieron vida a las denominadas Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), así como el decreto que creó el Comité para la Adopción de Mejores Prácticas (CAMP). La PGR sostiene que, por esa resolución, carecen de validez jurídica los nombramientos derivados de dicho comité, incluido el cargo de “Fiscal Civil” de ZEDE Próspera.
De acuerdo con la denuncia, pese a la resolución judicial, Colindres Castillo habría continuado atribuyéndose funciones de autoridad dentro de una supuesta jurisdicción especial y el pasado 15 de septiembre habría juramentado a Hernández Franks como “Fiscal Civil”, otorgándole facultades que, según la PGR, corresponden exclusivamente a los Poderes del Estado. La Procuraduría solicitó al Ministerio Público iniciar la investigación penal, preservar las evidencias y recabar documentación y testimonios relacionados con estos hechos.
LA PGR INTERPONE DENUNCIA PENAL POR TRAICIÓN A LA PATRIA Y USURPACIÓN DE FUNCIONES PÚBLICAS EN EL CASO ZEDE PRÓSPERA
La Procuraduría General de la República (PGR), en su condición de representante legal del Estado de Honduras, informa a la población que ha interpuesto formalmente ante el señor fiscal general del Ministerio Público, una denuncia penal contra los ciudadanos JORGE CONSTANTINO COLINDRES CASTILLO y ALBERTO A. HERNÁNDEZ FRANKS, por la comisión de los delitos de TRAICIÓN A LA PATRIA y USURPACIÓN DE FUNCIONES PÚBLICAS, en perjuicio del Estado de Honduras.
La acción se fundamenta en que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en fecha 20 de septiembre del 2024, mediante sentencia dictada en el expediente SCO-0738-2021 publicada en La Gaceta No. 36,698 de fecha 25 de noviembre del 2024, declaró la inconstitucionalidad con efecto ex tunc (desde su origen) de la reforma constitucional y de la ley que dieron sustento a lo que se denominó Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), así como del decreto que creó el Comité para la Adopción de Mejores Prácticas (CAMP). En consecuencia, ningún nombramiento emitido por dicho comité y las actuaciones derivadas de estos, incluido los denominados: “secretario técnico de ZEDE Próspera y/o Fiscal Civil”, tiene validez jurídica alguna.
Pese a esa resolución firme y de conocimiento público, el señor Colindres Castillo ha continuado ostentándose como autoridad de una supuesta “jurisdicción especial” y, el pasado 15 de septiembre, juramentó al señor Hernández Franks en el cargo de “Fiscal Civil” de ZEDE Próspera, atribuyéndole facultades de naturaleza jurisdiccional, de cobro forzoso de tributos y de resguardo del orden público que la Constitución de la República reserva de manera exclusiva y excluyente a los Poderes del Estado.
Ante estos hechos, la PGR solicitó al Ministerio Público: iniciar de inmediato la investigación penal correspondiente; ordenar la preservación urgente de la evidencia vinculada a los actos denunciados; recabar la documentación e informes pertinentes ante las instituciones del Estado y las entidades vinculadas a ZEDE Próspera y tomar las declaraciones que correspondan. Asimismo, la PGR se reservó expresamente el derecho de constituirse como acusador en representación de los intereses del Estado de Honduras.
Con esta denuncia, la Procuraduría General de la República reafirma su compromiso irrenunciable con la defensa de la soberanía nacional, el orden constitucional y el Estado de derecho, y reitera que ninguna estructura privada puede erigirse como autoridad pública dentro del territorio hondureño. Se instará al Ministerio Público a concluir la investigación para que culmine en la acción penal correspondiente y a coadyuvar en dicha acción una vez judicializada ante los tribunales competentes, a fin de deducir la responsabilidad que en derecho corresponda.
Honor, Justicia e Integridad
Procuraduría General de la República
