La reciente eliminación de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas contra el Crimen Organizado (Dipampco) y la creación de una nueva división especializada contra la extorsión ha sido recibida con profundo escepticismo por el sector transporte.
Dirigentes del rubro manifestaron su temor de que esta modificación institucional constituya únicamente un cambio estético de nombre y no una verdadera transformación operativa, repitiendo esquemas del pasado que no han logrado frenar el flagelo que los asfixia.
Wilmer Cálix, dirigente del transporte, fue categórico al señalar que durante los últimos 14 años los gobiernos han respondido al problema mediante la creación consecutiva de múltiples fuerzas de seguridad.
Desde la DNIC en 2012, pasando por la Fuerza Nacional Antiextorsión, Fusina, la DPI, la Fuerza de Seguridad del Transporte Público y la propia Dipampco en años recientes, el patrón ha sido el mismo: un constante reagrupamiento estratégico que, en la práctica, no se traduce en el alivio que el sector demanda.
“Hoy amanecemos con un grado de impunidad del 98%”, lamentó Cálix, quien describió la cruda realidad que enfrentan a diario, marcada por el asesinato de taxistas y conductores, el cierre definitivo de rutas de transporte y la quiebra de pequeños negocios familiares.
Para los transportistas y microempresarios, quienes constituyen la población más vulnerable ante las estructuras criminales, la proliferación de nuevas siglas policiales ha servido de poco frente a un problema que sigue cobrando vidas y destruyendo la economía.
Ante este panorama, la dirigencia solicitó a las máximas autoridades gubernamentales dejar de lado la teoría y pasar a la acción. Cálix puso como ejemplo la estrategia aplicada en El Salvador, donde tras un periodo de planificación se dio paso a ejecuciones operativas contundentes en el terreno.
En ese sentido, subrayó que en el país nunca se ha observado un verdadero trabajo articulado de primera línea entre el Ministerio Público, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para concretar capturas masivas y judicializaciones efectivas.
Pese al descontento y a la exigencia de una depuración interna en los cuerpos policiales, el sector transporte aseguró que no le dará la espalda a la institucionalidad. Los representantes afirmaron estar listos para acudir a cualquier mesa de diálogo a la que sean convocados por las autoridades de seguridad y el Congreso Nacional, recordando que el Estado mantiene la obligación ineludible de garantizar la paz y salvaguardar la vida de todos los ciudadanos hondureños.
