La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, denunció hoy que el Poder Judicial interviene y manipula procesos electorales, hace gala de sus privilegios como si fueran una estirpe aristocrática, persigue judicialmente a líderes populares y protege a quienes verdaderamente han desfalcado al país.
“¿Siguen queriendo convencernos de que el Poder Judicial es independiente? Estamos en un momento institucional muy grave, ustedes no pueden seguir comportándose como una corporación porque tienen la ventaja de ser perpetuos”, advirtió al declarar en la causa conocida como “dólar futuro” y en la que está acusada del delito de administración fraudulenta por la venta anticipada de la divisa realizada por el estatal Banco Central en 2015, durante su último año como presidenta.
La vicepresidenta explicó que no hay posibilidad de una vida democrática sana con este ejercicio de un Poder Judicial “que parece que una aristocracia” mientras que las y los políticos participan en elecciones democráticas.
“Todos los cargos que he ocupado en mi vida fueron votados por la gente, somos un poder profundamente democrático, ¿hay mala gente? seguro que sí, y dígame: ¿en su Poder Judicial no hay corruptos, todos pueden dar cuenta de cómo viven? Pero cómo lo vamos a saber si nadie se investiga a sí mismo, no vamos a poder saber nunca si hay enriquecimiento ilícito de un juez, si recibe dádivas. Ese es el sistema que está podrido”, acusó.
Esta fue la primera causa por la que Fernández de Kirchner tuvo que declarar ante los tribunales después de dejar el cargo, ya que bastó que ello ocurriera para que se acumularan los expedientes judiciales en su contra.
Además de la expresidenta, también están imputados su exministro de Economía, Axel Kiciloff, actual gobernador de la provincia de Buenos Aires; el expresidente del Banco Central Alejandro Vanoli y otros nueve exfuncionarios.
Todos ellos están acusados de haber participado en una maniobra para que el Banco Central vendiera dólares por anticipado a empresas y bancos a un precio oficial que era mucho menor a los mercados paralelos que operaban en Argentina en 2015.
El valor de estas divisas se incrementó en diciembre de ese año, cuando el nuevo presidente, Mauricio Macri, decretó una brusca devaluación para equiparar el valor del dólar oficial con el del mercado ilegal, lo que implicó que pasara de 9,60 a 15 pesos.
Esto permitió que quienes compraron dólares “a futuro” a un precio promedio de 10 pesos por unidad, después pudieran cobrarlos a una cotización de entre 14 y 15 pesos, diferencia que debió pagar el Estado, lo que le provocó pérdidas por 77.000 millones de dólares.
Pese a que el Banco Central es autónomo, el fallecido juez Claudio Bonadío, quien tenía una animadversión especial contra Fernández de Kirchner, consideró que las operaciones no pudieron realizarse sin el aval de la presidenta y de Kicillof, por lo que primero los imputó y luego los procesó y los acusó del delito de “administración infiel con perjuicio al Estado”.
En su elevación a juicio, Bonadío consideró que la expresidenta “hizo uso de una estructura de poder que presidía en razón de su cargo, para implementar una operatoria que vulneró las arcas públicas”.
Cuando el caso fue enviado a juicio oral, quedó a cargo del Tribunal Federal 1, ante el cual los acusados pidieron el sobreseimiento ya que un peritaje contable reveló que, en realidad, el Banco Central había tenido ganancias en 2015 y 2016.
Sin embargo, los jueces no lograron ponerse de acuerdo y la decisión pasó a la superior Cámara Federal de Casación Penal, ante la cual declaró este jueves Fernández de Kirchner.
