INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR INFOBAE Y ESCRITA POR: Héctor Silva Ávalos
Los diputados leales al presidente Nayib Bukele reeligieron el miércoles a Rodolfo Delgado como fiscal general de El Salvador. Con la reelección consumada, el oficialismo salvadoreño tiene un fiscal afín hasta que termine el mandato del presidente.
En otras palabras, Bukele y los suyos se han garantizado el blindaje ante cualquier investigación criminal.
No es poco para un gobierno en el que, según una investigación de la propia fiscalía salvadoreña y otra realizada por una fuerza especial de tarea estadounidense, opera una red de corrupción y crimen organizado en la que aparecen involucrados algunos de los hombre y mujeres más cercanos al presidente.
Delgado, un fiscal que hizo carrera en las unidades especialidades de la Fiscalía General de la República desde que ingresó al Ministerio Público a finales de los 90, ascendió al principal despacho de la institución el 1º de mayo de 2021, cuando, recién estrenada, la mayoría del partido oficialista Nuevas Ideas en el Congreso, se deshizo del entonces fiscal general Raúl Melara para imponerlo a él.
Desde que lo nombraron, Delgado llenó su portafolio como fiscal general de investigaciones y acusaciones a políticos y exfuncionarios opositores al régimen de Bukele y de algunas acciones menores contra organizaciones pandilleras. Más que lo que hizo, la gestión de este fiscal general se mide por lo que no investigó.
El 6 de julio, poco más de dos meses después de su nombramiento, Delgado anunció que no encontraba mérito alguno para investigar a la jefa de gabinete de Bukele, a su ministro de Trabajo, al ex ministro de Agricultura, al secretario jurídico de la presidencia, al director de prisiones y al ex ministro de seguridad, todos nombrados por el Departamento de Estado de Estados Unidos en la llamada Lista Engel como sospechosos de actos criminales y de corrupción.
“Puede suceder que lo que contempla el derecho interno norteamericano para estar dentro de esa lista… no sea aplicable para nosotros los salvadoreños”, dijo Delgado a propósito de la Lista Engel. Así el primer carpetazo público.
Antes había habido otras investigaciones malogradas, cuyos ecos solo se conocerían después, gracias, en buena medida a investigaciones que fiscales estadounidenses retomaron en la jurisdicción del distrito sur de Nueva York basados en pesquisas que llevaron adelante investigadores salvadoreños y que, a la llegada de Rodolfo Delgado, también fueron al cesto de la basura.
La omisión más importante del fiscal bukelista ha sido el llamado Caso Catedral, un grueso expediente sobre una estructura criminal enquistada en el corazón de la Casa Presidencial a la que la Fiscalía de Raúl Melara y funcionarios estadounidenses investigaron por el pacto entre el gobierno y las pandillas MS13 y Barrio 18 y actos de corrupción durante la pandemia de Covid-19, entre otros crímenes.
A pesar de que múltiples investigaciones periodísticas y señalamientos públicos adelantaron las investigaciones de Catedral, de que en noviembre Washington sancionó a varios funcionarios del círculo íntimo de Bukele por esas sospechas y de que se hizo pública una inminente acusación penal en el Distrito Sur de Nueva York, Rodolfo Delgado no ha hecho más que guardar silencio.
El fiscal general de Bukele también acompañó al gabinete de seguridad del gobierno, encabezado por su exsocio Gustavo Villatoro, en culpar a familiares de las víctimas de desaparecidos y en ocultar información sobre un cementerio clandestino encontrado en Chalchuapa, en el oeste del país.
