La jueza penal 44 del Circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, dictó este viernes la condena, en primera instancia, contra el expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), tras ser hallado culpable por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
En primer lugar, el exmandatario, de 73 años, fue condenado a “144 meses o lo que es lo mismo, 12 años de prisión” domiciliaria.
Al respecto, la jueza ordenó que Uribe sea trasladado a Rionegro, en el departamento de Antioquia, donde tiene su finca, en el sector conocido como LLanogrande, para que cumpla su condena en ese lugar, recoge El Tiempo.
“Basándonos en el criterio jurisprudencial y sabiendo que Álvaro Uribe Vélez es merecedor de la prisión domiciliaria, ha de advertirse que se hace necesario que el acusado inicie la ejecución de su sanción previo a que la decisión proferida cobre firmeza, al superarse con creces los requisitos nominales de necesidad, tal como se procede a analizar”, dijo la togada.
En concreto, la jueza ordena cumplimiento inmediato de la pena, aunque esta aún no quedará ejecutada porque la defensa de Uribe anticipó que apelará el fallo; con ello, el caso pasará al Tribunal Superior de Bogotá.
Otras medidas
Uribe también fue condenado a pagar una multa equivalente a 2.420 salarios mínimos, esto es, más de 3.444 millones de pesos colombianos (unos 830.000 dólares).
Sumado a ello, la jueza dictó contra Uribe “inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas” por un lapso de “100 meses y 20 días”, es decir, más de ocho años.
Largo proceso
Este caso se remonta a 13 años atrás. Entre 2012 y 2014, el senador Iván Cepeda presentó testimonios de los exparamilitares Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra, que afirmaban haberse reunido con Uribe durante su mandato como gobernador del departamento de Antioquia. En respuesta, el expresidente denunció a Cepeda ante la Corte Suprema por calumnia, fraude procesal y abuso de función pública.
Sin embargo, en 2018, el tribunal encontró indicios de que el exgobernante habría manipulado testimonios para incriminar a Cepeda, por lo que en 2020 fue condenado a arresto domiciliario, en el que se mantuvo por 67 días. En ese momento, se desempeñaba como senador y renunció al cargo para no ser juzgado por el Supremo, sino por la justicia ordinaria.
Pese a que el ente acusador pidió en 2021 la preclusión del proceso, en 2022 dos jueces rechazaron esa solicitud. En 2024, con la llegada de la fiscal general Luz Adriana Camargo, finalmente, el exmandatario fue llamado a juicio, acusado de soborno a testigos, fraude procesal, y un nuevo cargo por soborno.
Culpable
Así, el pasado lunes, Heredia declaró culpable a Uribe, en el fallo del denominado ‘juicio del siglo’, por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, y lo absolvió de la otra acusación de soborno simple. Solo restaba conocer la pena que cumpliría, que se conoció este viernes.
La jueza consideró que el también líder del Centro Democrático, mediante emisarios, ofreció beneficios a personas privadas de libertad con el objetivo de resultar favorecido en otros procesos que la Justicia adelantaba en su contra. Asimismo, se lo señaló de manipular testigos a través de terceros para que vincularan al senador Cepeda con hechos ilegales.
En específico, el exmandatario fue hallado culpable del delito de soborno en actuación penal porque, a través de su exabogado Diego Cadena, trató de sobornar e incentivar económicamente a varios testigos para que declarasen falsamente ante la justicia.
Aunque los actuales abogados señalaron que el hecho fue cometido a espaldas de Uribe y que Cadena actuó de manera voluntaria; la jueza determinó que el político conocía sus acciones en las cárceles del país y que en el juicio quedó “suficientemente acreditada la actuación del expresidente en el delito de soborno en actuación penal”.
La magistrada también indicó que se configuró el delito de fraude procesal, pues se estaba llevando a cabo una estrategia deliberada de manipulación de la justicia, a través de un memorial elaborado por Cadena y un video entregado por el abogado suplente Juan Felipe Amaya, radicados ante el alto tribunal.
