La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) solicitó a un juez de privación del dominio de bienes de origen ilícito la inscripción de la medida de aseguramiento sobre 353 propiedades, negocios, vehículos, equipo pesado y productos financieros de cuatro personas a las que esta semana la Sala I del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional le favoreció con un fallo absolutorio por el delito de lavado de activos.
El juicio en esta causa duró un mes aproximadamente y en el mismo el Ministerio Público estableció que Rigoberto Benítez Guerra, Amanda Edith Palma Barnica, Rigoberto Benítez Palma, Glenda Argentina Benítez y Héctor Maximiliano Benítez habrían utilizado sus empresas en los rubros de maquinaria pesada, minería y venta de derivados del petróleo para actividades de crimen organizado, siendo el narcotráfico la conducta precedente al lavado de dinero, con vinculaciones con Jorge Alberto Barralaga Hernández, José Orlando Leiva Natarén y Digna Valle Valle.
No obstante, toda la argumentación del equipo fiscal la obvió el tribunal sentenciador y se han vuelto a otorgar erradamente cartas de libertad con base a las polémicas reformas aprobadas el año anterior a la Ley Especial Contra el Lavado de Activos por parte del Congreso Nacional, lo que será objeto de un recurso de casación.
Como se recordará, la Operación Arcano, a cargo de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), se ejecutó el 25 de noviembre de 2019 en los departamentos de Cortés y Copán, donde se efectuaron ocho allanamientos de morada, siete inspecciones a negocios y 353 aseguramientos de bienes muebles e inmuebles (los que podían ser devueltos una vez que se emitió la sentencia absolutoria y por lo que se instruyó el caso en los juzgados de privación para así preservar la disponibilidad de los bienes).
Los hechos datan de julio de 2014, cuando la DLCN recibió denuncias sobre la existencia de una empresa denominada INCOBE, cuyo propietario Rigoberto Benítez Guerra, tuvo un crecimiento económico sin justificación con supuesta procedencia de actividades vinculadas al narcotráfico.
La investigación patrimonial permitió identificar la constitución de sociedades mercantiles en los rubros de explotación de maquinaria pesada, minería y comercialización de derivados del petróleo; de igual manera, se pudo comprobar la adquisición de bienes muebles e inmuebles, pagos de tributos y productos financieros obtenidos a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, lo que permitió establecer que los denunciados han realizado adquisiciones, traspasos y traslado de activos entre otros, que no tienen justificación económica o lícita de su procedencia.
