El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) entregó formalmente al Ministerio Público (MP) un informe de investigación especial con indicios de responsabilidad penal, tras detectar una serie de embargos ejecutorios supuestamente irregulares realizados contra la Cuenta Única del Estado en el Banco Central de Honduras (BCH).
El expediente, compuesto por tres tomos, fue notificado de forma oficial al Fiscal General de la República, Pablo Emilio Reyes Theodore, para que se inicien las acciones legales y juzgamientos correspondientes.
Según el informe auditado, correspondiente a las actuaciones entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2025, la investigación analizó un universo de 40 expedientes tramitados por la Secretaría de Finanzas (SEFIN). De estos, se confirmaron irregularidades materiales y documentales severas.
Las indagaciones revelaron que jueces ejecutores y redes de apoderados legales tramitaron órdenes de embargo fundamentadas en exhortos fraudulentos. Entre los hallazgos principales destacan:
Inexistencia de respaldo primario: Ausencia de sentencias firmes y de acuerdos conciliatorios legítimos que sustentaran los cobros.
Uso de sellos e identidades falsas: Inclusión de sellos institucionales alterados o en desuso, además de registros de expedientes que no figuraban en los libros de control de los juzgados de origen.
Desviación de fondos públicos: Traslado directo de recursos estatales desde la cuenta del BCH hacia cuentas de juzgados del trabajo para el posterior libramiento de cheques de caja a favor de particulares.
