La Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural presentó este viernes una nueva acusación criminal en contra del ex viceministro de la extinta Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) ahora denominada MI AMBIENTE, Marco Jonathan Laínez Ordóñez, en relación al caso represa “Petacón”.
Se trata de un Requerimiento Fiscal por el delito de abuso de autoridad, por haber otorgado de forma irregular la licencia ambiental para la construcción de la polémica represa sobre el río Petacón entre las comunidades de Lepaterique y Reitoca, Francisco Morazán.
Se establece por parte del Ministerio Público que en fecha 24 de mayo del año 2010, la empresa “PROGELSA S.A. DE C.V. del ciudadano Jack Arevalo, presentó ante la Secretaria de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente, solicitud para que se extendiera Licencia Ambiental para el desarrollo del proyecto denominado “HIDROELÉCTRICO RÍO PETACÓN”. Dicha sociedad mercantil, acompañó un legajo de documentos, que en fecha 3 de mayo del año 2011, fueron admitidos al declararse “Con Lugar” tal solicitud.
Además, se establece que en fecha 24 de mayo del año 2011, el Ingeniero MARCO JONATHAN LAÍNEZ ORDÓÑEZ, emite LICENCIA AMBIENTAL N. 362-2011, a favor del proyecto “HIDROELECTRICO RÍO PETACON”, propiedad de la Sociedad Mercantil “PROGELSA S.A. DE C.V.
Por tanto, la responsabilidad penal en este caso se descansa en el hecho que la Licencia Ambiental 362-2011, otorgada por el Sub Secretario de Estado en mención, no fue objeto del PROCESO DE CONSULTA Y CONSENTIMIENTO LIBRE, PREVIO E INFORMADO, contemplado en el Convenio 169 de OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, pese a que se encuentra ubicado dentro de los territorios que ancestralmente han poseído las comunidades del pueblo indígena Lenca, específicamente las comunidades Lencas que viven en zonas aledañas al Río Petacón, que forma parte de su hábitat funcional, vulnerando asimismo el derecho del Pueblo Lenca a la libre determinación, derecho que habilita a los pueblos para definir las instituciones políticas y jurídicas que van a regir las relaciones entre los miembros del grupo, esto es, derecho a la autonomía o al autogobierno para regular sus asuntos internos según sus costumbre, lo cual resulta vital para garantizar la supervivencia como pueblos distintos; también incluye el derecho a determinar sus prioridades y estrategias de desarrollo, manteniendo su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado.
Cabe señalar, que el ex viceministro encausado ya ha sido acusado por similares hechos en los casos “Agua Zarca”, “Aurora II” e “Hidroluz”
