La Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de la Depuración Policial (UF-ADPOL), con apoyo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), logró vía procedimiento abreviado la condena contra Denisse Yamileth Morales, exesposa del comisionado de policía Lorgio Oquelí Mejía Tinoco (prófugo de la justicia), ambos acusados por el delito de lavado de activos.
Por este caso, el 10 de febrero de 2020, Fiscales de la UF-ADPOL solicitaron la privación definitiva del dominio sobre 24 bienes muebles, inmuebles y productos bancarios asegurados a Lorgio Oquelí Mejía Tinoco y su familia.
La petición hecha a un juez de privación correspondía a dos viviendas, tres vehículos y seis cuentas bancarias de Mejía Tinoco, por nexos del alto jerarca policial con el lavado de activos, así como a seis productos financieros a nombre de su esposa Wendy María Castro y siete cuentas bancarias de su expareja Denisse Yamileth Morales.
La acusación se deriva a que de acuerdo a las investigaciones y a los análisis de ingresos realizados al jefe policial, no se justica más de 17 millones de lempiras en su patrimonio y que no es congruente con el sueldo mensual devengado de 2012 a 2017, que era de cincuenta y cinco mil trecientos noventa y cinco con veintiún centavos (55,395.21).
Dentro de este Requerimiento Fiscal interpuesto por la UF – ADPOL figuran seis policías activos y tres que fueron depurados, todos acusados por los delitos de asociación ilícita y cohecho.
Según la investigación dirigida técnica y jurídicamente por fiscales de la UF – ADPOL y practicada por agentes de la ATIC asignados a esa unidad, se establece que entre los años 2012 – 2015 miembros de la policía asignados en Choluteca solicitaban dinero a transportistas para que pudieran trasladar el ganado sin ningún tipo de inconvenientes, constituyendo tal acto como sobornos.
Estos cobros ilegales se intensificaron cuando el comisionado investigado y acusado fue nombrado como Jefe Departamental de la Policía en Choluteca y de acuerdo a la investigación los pagos se realizaban en efectivo y provenían del dinero que manejaban los ganaderos, mismo que se entregaba en los diferentes puntos de control, entre ellos: Pavana, El Triunfo, Namasigüe y en algunas ocasiones en las Instalaciones de la Asociación de Ganaderos de Choluteca (AGACH).
Para realizar esta conducta y a partir de la designación del comisionado como jefe departamental, se conformó una estructura criminal, de la que eran parte miembros de la Unidad Departamental de Prevención (UDEP) y de la Dirección de Servicios Especial de Investigación (DNSEI).
