La publicación de los expedientes judiciales relativos al caso de Jeffrey Epstein provocó la apertura de una investigación penal en Costa Rica por presuntos abusos sexuales contra una persona menor de edad.
Este procedimiento fue impulsado por la magnitud del escándalo internacional y la inclusión de más de 250 menciones directas al país en los archivos desclasificados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en enero de este año. El proceso, dirigido por el fiscal general Carlo Díaz, se mantiene en una fase inicial y bajo estricta reserva. Las autoridades analizan la posible conformación de equipos especializados para abordar la complejidad del caso.
El Ministerio Público aclaró que la investigación surgió a partir de los nuevos documentos vinculados al caso Epstein, cuya difusión incluyó más de 3 millones de páginas, fotografías y videos. En ese material, Costa Rica figura al menos en 289 oportunidades. Este dato activó la intervención de la Fiscalía Adjunta de Género. El expediente tramita bajo el número 26-000155-0994-PE y está clasificado en modalidad “contra ignorado”, lo que implica que todavía no existen personas formalmente individualizadas como imputadas.
El fiscal general Carlo Díaz instruyó a la Fiscalía Adjunta de Género para que abriera la pesquisa, centrada en un presunto delito de abuso sexual contra una persona menor de edad. Díaz informó a Teletica.com que se evalúa la posibilidad de incluir en la investigación a jefaturas de fiscalías especializadas, como la de Trata de Personas y la de Niñez y Adolescencia, así como a la Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales (OATRI), de acuerdo con el avance y la complejidad del proceso.
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La investigación en Costa Rica se apoya en los mismos archivos que, además de tener impacto local, han sacudido la política y la opinión pública en Estados Unidos y Europa por el alcance de la red de explotación desarticulada. En los documentos, Costa Rica figura 289 veces. Según información del FBI estadounidense citada en los antecedentes del expediente, parte de esos registros se refieren a comunicaciones sobre la búsqueda de adolescentes de entre 14 y 16 años para encuentros sexuales.
La Agencia Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos ubicó en sus pesquisas actividades de captación de menores a través de una agencia de viajes ficticia denominada Costa Rica Taboo Vacations, que funcionó como parte de una operación encubierta en el país centroamericano.
Por motivos de confidencialidad y protección de la víctima, cuya identidad está reservada por tratarse de una persona menor de edad, la Fiscalía costarricense no divulgó detalles sobre la persona afectada ni acerca de las circunstancias específicas del caso. Esta reserva se fundamenta en el artículo 295 del Código Procesal Penal, que protege las actuaciones durante la etapa preliminar del proceso y restringe la información disponible al público.
