El Gobierno de Joe Biden negocia un acuerdo con México que permitiría a las autoridades estadounidenses llevar a cabo deportaciones a gran escala de no mexicanos a través de la frontera.
Lo anterior fue revelado en un reporte de The Washington Post con base en información de cuatro funcionarios y exfuncionarios estadounidenses.
Doris Meissner, principal funcionaria de migración de Estados Unidos durante la Administración Clinton, dijo que no conocía ningún precedente de deportaciones masivas de no mexicanos a México, pero que esta medida podrían ser un “cambio de juego”.
“Creo que estamos en una nueva era y un nuevo territorio”, aseveró Meissner.
Fuentes revelaron al medio estadounidense que ambas naciones todavía no han llegado a un acuerdo sobre las deportaciones, pero que el plan en discusión reforzaría las medidas que el Departamento de Seguridad Nacional se prepara para anunciar la próxima semana para penalizar las solicitudes de asilo de los solicitantes de asilo que cruzan ilegalmente a los Estados Unidos o no solicitan protección en las naciones por las que transitan en el camino a la frontera de EE.UU.
Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) se negaron a responder preguntas sobre las conversaciones que se mantienen con el Gobierno de México.
Estas negociaciones ocurren en el marco de que Estados Unidos planea poner fin el próximo 11 de mayo a una norma sanitaria que permite las expulsiones en caliente en la frontera, conocida como el Título 42. Esto ocurriría cuando se ponga fin a la emergencia de salud por COVID-19.
La Administración Biden pretende implementar este nuevo plan antes de las elecciones presidenciales de noviembre de 2024.
Las deportaciones se llevarían a cabo mediante el proceso acelerado conocido como “expulsión acelerada”, según las Notificaciones del Registro Federal y funcionarios con conocimiento de los planes que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a discutirlos públicamente.
Un funcionario de la administración aseveró que las deportaciones a México se limitarían a cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, como se indica en los avisos, principalmente cuando las autoridades estadounidenses no puedan enviar a los deportados a sus países de origen.
