El gobierno mexicano intenta buscar alternativas para unos pocos miles de migrantes que siguen avanzando muy lentamente por el sur del país y mantiene conversaciones con los activistas que los acompañan, pero entre los integrantes de la caravana cunde la confusión y la desconfianza.
El Instituto Nacional de Migración (INM) indicó en un comunicado el viernes por la noche que había mantenido dos reuniones con quienes se autonombraron representantes del grupo y que, aunque no hubo acuerdo, mantenía su disposición al diálogo bien a través de esos activistas —Luis García Villagrán, del Centro de Dignificación Humana A.C, e Irineo Mujica, de Pueblos sin Frontera— o de forma directa con cada persona.
La oferta del gobierno mexicano, según la nota, era dar visas humanitarias a las personas vulnerables, residencia permanente a quienes tienen resoluciones definitivas de refugio y trasladar a los migrantes a otros estados para atender sus trámites de forma más ágil, proporcionándoles alojamiento en albergues de puertas abiertas.
Entre las personas con acceso a la visa humanitaria estarían las mujeres embarazadas, los menores, los enfermos y las personas con discapacidad «bajo los principios de respeto a la unidad familiar, salvaguarda de los derechos humanos y cuidado a su integridad».
El INM hizo, además, un llamado «a la responsabilidad que conlleva dirigir a una marcha a las personas migrantes en medio de condiciones adversas de temperatura, falta de espacios seguros para pernoctar y desgaste físico».
Las reuniones se celebraron cuando el grupo, formado en su mayoría por centroamericanos, llegó a Acacoyagua, en el estado sureño de Chiapas, una localidad apenas cuatro kilómetros más al norte de donde pernoctaron la víspera. El INM indicó que eran unas 1.200 personas, pero The Associated Press constató que eran al menos más del doble. Los organizadores hablan de unas 4,000.
Después de una asamblea en la que la mayoría rechazó a mano alzada la propuesta del gobierno, hombres, mujeres y niños se echaron de nuevo a la carretera al caer el sor con el objetivo de caminar unos 15 kilómetros más hasta una comunidad cercana.
«La verdad, no queremos aceptar», dijo la hondureña Lorena Rodríguez, quien viaja con su esposo Ismael Funes y una bebé de menos de un año, y que llevaba tres meses intentando regularizar su situación en Tapachula, de donde el grupo partió el pasado sábado, junto a la frontera con Guatemala.
«Migración lo que quiere es llevarnos para Tapachula o mandarnos para el país de origen», indicó la joven de 19 años. «Tanto sacrificio que hemos hecho, hemos caminado bajo el sol, y que vengan con esto no es justo, hemos venido sacrificándonos», explicó sentada en una acera mientras se guarecía del sol incandescente.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador emitió miles de visas humanitarias al inicio de su mandato, entre finales de 2018 y principios de 2019, para intentar regularizar el estatus de muchos de los integrantes de multitudinarias caravanas que entonces transitaban por México.
Pero después de las presiones y amenazas del expresidente de Estados Unidos Donald Trump, la política migratoria se endureció para apostar por la contención y la devolución de migrantes, y miles de elementos de la Guardia Nacional se desplegaron para frenar las caravanas, una tónica que se ha mantenido desde mediados de 2019 hasta ahora.
Los activistas pidieron a las autoridades la regularización de todos y que se hicieran los trámites sin desplazar a los migrantes a ningún sitio porque temían engaños y que les retornaran a Tapachula o incluso a sus países de origen.
García Villagrán había dicho por la mañana que parte de la propuesta en ese momento era que a aquellos que aceptaran ser trasladados a Querétaro, Guerrero, Puebla y Oaxaca, Hidalgo o Morelos se les presentarían ofertas de empleo con el apoyo de las agencias de Naciones Unidas.
El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados trabaja habitualmente con las autoridades mexicanas para facilitar opciones de integración de solicitantes de asilo en varios puntos del país.
Al ser preguntado sobre las alternativas para la caravana actual, Giovanni Lepri, su representante en México, dejó la puerta abierta a una posible colaboración. «Si nos lo piden las autoridades, en conjunto con Organización Internacional para las Migraciones podemos expandir el programa para refugiados a personas que tengan estadía regular en el país», indicó en un breve mensaje a la AP.
Mientras tanto, en la caravana, proliferaban las dudas y las discusiones.
«Estaría bien si nos van a dar papeles y trabajo. Aceptemos y ya después vemos, que cada uno decida si continúa a los Estados Unidos», decía David Mejía, de Honduras.
Su interlocutor reaccionaba molesto y lo llamaba ingenuo por creer que las autoridades cumplirán. «No vamos a aceptar», lanzó otro centroamericano que rechazó dar su nombre. «¿Por qué ahora sí nos quieren dar la regularización? ¿Por qué no nos dieron papeles allá en Tapachula si llevamos mucho tiempo?».
