San Pedro Sula. Cortés. Muchos de los golpes más certeros asestados por el Ministerio Público al crimen organizado, el narcotráfico, el lavado de activos y los delitos contra la vida, han ocurrido en la zona norte del país.
En ese sentido, la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) de San Pedro Sula, desde el año 2013, ha presentado 757 acusaciones por extorsión y 375 por otros delitos de criminalidad organizada. Las condenas ascienden a 546 y los aseguramientos de bienes de origen ilícito a 762, más la incautación de 1800 barriles de precursores químicos y 50 barriles de cocaína, todo ello se traduce en unos 100 millones de dólares.
De su lado, la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) de San Pedro Sula, entre 2018 y 2019, interpuso 340 Requerimientos Fiscales y obtuvo 91 Sentencias Condenatorias.
Entre las operaciones exitosas, muchas de ellas conjuntas con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), destaca el caso contra el alcalde de Yoro, Arnaldo Urbina Soto, a quien el 27 de febrero de 2017 se le dictó condena por lavado de activos. Las investigaciones revelaron la existencia de una estructura criminal liderada por el exedil y conformada por su núcleo familiar; según informes traficaban droga desde Colombia hasta Estados Unidos. Los bienes de “Los Urbina” fueron asegurados, solo la vivienda del alcalde se valoró en más de 11 millones de lempiras.
Igualmente, Operación Minerva contra “La Banda del Negro” con 19 imputados implicados en 10 asesinatos, tentativa de asesinato, asociación ilícita, robo agravado, adquisición de vehículo robado y lavado de activos. Se efectuaron 37 aseguramientos de bienes muebles e inmuebles y 34 allanamientos entre Choloma y Puerto Cortés.
Otra causa fue contra ocho integrantes de la estructura criminal Mara Salvatrucha, entre ellos, dos máximos líderes, Alexander Mendoza y Jairo Anwar Orellana, ya condenados por asociación ilícita e imputados en la Operación Avalancha por el crimen de las Fiscales Marlene Banegas y Olga Eufragio.
Por otra parte, con la Operación Apolo se logró el desmantelamiento de una red criminal socios de los hermanos Rivera Maradiaga y aseguramiento de 58 bienes muebles e inmuebles en Cortés y Colón, por este caso están procesadas 12 personas por el delito de lavado de activos, mientras que la Operación Fortuna se ejecutó contra otra organización socios de los hermanos Rivera Maradiaga, donde se acusaron a seis personas por el delito de lavado de activos y a quienes se les aseguraron 131 bienes muebles e inmuebles, 11 sociedades mercantiles y congelamiento de cuentas bancarias.
Además, en un caso por muerte postelectoral se impulsó proceso penal contra Olvin Fernando Gonzáles Hernández, clase II de la Policía Nacional, por el crimen de ciudadano Virgilio Jared Ávila Gonzáles. 49 armas de uso policial se decomisaron por hechos ocurridos en Agua Blanca Sur, El Progreso, Yoro, durante protesta.
El caso Mezapa, de su lado, dejó 14 imputados y cuatro condenados, por varios delitos de asesinato, incluido el de la familia Muñoz Rodezno (madre y cuatro menores), asociación ilícita, (como cabecillas y miembros de la Banda del Chico que operaba en el sector de Mezapa, Atlántida), armas decomisadas: 1 fusil, escopeta, 2 armas de fuego tipo pistolas y municiones.
En cambio, la Operación Fantasma se desarrolló contra una estructura criminal dedicada a lavar dinero producto de actividades ilícitas en asociación con el extinto narcotraficante colombiano, Carlos Alfonzo Bueno Tafur. Se aseguraron en el Valle de Sula 90 bienes a Lesys María Cruz Acosta, Óscar Gómez y Ricardo Abujeres Paz.
Otro golpe a “Los Urbina” fue la Operación Aquiles contra socios del exalcalde Arnaldo Urbina Soto, donde se aseguraron 39 bienes inmuebles, 12 sociedades mercantiles, 30 vehículos y varios productos financieros a Catalino Márquez Benítez y tres acusados más por el delito de lavado de activos, vinculados al narcotráfico en Yoro y Cortés.
Además, con Operación Tributo se siguió causa penal por el incremento injustificado del patrimonio del empresario Fredy Antonio Aranda Ramos, lo que constituye el delito de lavado de activos. Se le aseguraron 18 bienes muebles e inmuebles, entre ellos viviendas, vehículos y sociedades mercantiles, en Santa Bárbara y Cortés.
La Operación Odiseo X permitió la desarticulación de red de narcotráfico y lavado de activos de más de 100 millones de lempiras y el aseguramiento de 51 bienes muebles e inmuebles, entre los mismos seis empresas mercantiles en el sector de Cofradía, Cortés.
