María Corina Machado agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el incremento de presión internacional contra el régimen de Nicolás Maduro, luego de que el gobierno estadounidense elevara a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca al arresto del dictador venezolano.
Durante una entrevista con la cadena Fox News, Machado expresó su gratitud a Trump por la “firme y valiente decisión de desmantelar la empresa criminal que se ha apoderado” de Venezuela, refiriéndose al Ejecutivo encabezado por Maduro como el “jefe de una empresa criminal que abarca el crimen organizado, carteles de la droga y terrorismo”. Señaló directamente al Cartel de los Soles y al grupo Tren de Aragua como parte de una red delictiva asociada al régimen, y subrayó la estrecha vinculación del gobierno venezolano con el “régimen iraní”.
Machado responsabilizó a Maduro de la crisis humanitaria, la migración masiva y el deterioro social, afirmando que las estructuras criminales “no solo desestabilizan nuestra región, sino que han convertido a Venezuela en un satélite del régimen iraní”.
La opositora recalcó que una Venezuela democrática traerá estabilidad a la región y seguridad a Estados Unidos, y aseguró que el país está en condiciones de convertirse en el “Hub Energético de las Américas”, con una oportunidad de negocios valorada en 1,7 billones de dólares. Sostuvo que el futuro democrático permitirá que “millones regresen para construir una gran nación” basada en “dignidad, seguridad, oportunidades y libertad para todos los venezolanos”, y concluyó con un mensaje: “Vamos a traer a nuestros hijos de vuelta a casa”.
La semana pasada, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció el aumento en la recompensa para capturar a Maduro, quien permanece acusado en tribunales estadounidenses por cargos de narcoterrorismo y tráfico internacional de cocaína. Bondi aseguró que Maduro utiliza organizaciones como Tren de Aragua, Cartel de Sinaloa y el propio Cartel de los Soles para introducir drogas en Estados Unidos, destacando la incautación de 30 toneladas de cocaína vinculadas a este entramado criminal y la confiscación de más de 700 millones de dólares en activos, incluidos aviones y vehículos relacionados con el mandatario venezolano.
Bondi subrayó que el régimen de Maduro está involucrado en la introducción de “drogas letales y violencia” en territorio estadounidense. “Bajo el liderazgo del presidente Trump, Maduro no escapará de la justicia y responderá por sus crímenes”, declaró Bondi, quien instó a la ciudadanía a proporcionar información importante para facilitar la captura del presidente venezolano.
El subsecretario de Estado, Cristóbal Landau, declaró en X que la relación bilateral con Venezuela dejó de ser solo un asunto diplomático, y ahora es un asunto de aplicación de la ley. Según la postura oficial de Washington, Maduro es un líder criminal sin legitimidad para gobernar.
El Departamento de Justicia imputó a Maduro en 2020 por conspiración narcoterrorista, un acto poco común respecto a jefes de Estado extranjeros. La acusación se suma a otras medidas adoptadas por Estados Unidos, como sanciones y acuerdos migratorios, que incluyeron la liberación de ciudadanos estadounidenses y modificaciones a la política sobre operaciones petroleras de empresas como Chevron en Venezuela.
Según las autoridades electorales venezolanas, Maduro resultó vencedor en las elecciones presidenciales de julio de 2024. Sin embargo, organismos independientes como el Centro Carter y la Misión de Observación Electoral de Colombia validaron recuentos alternativos difundidos por la oposición, que otorgaron la victoria a Edmundo González Urrutia con el 67 % de los votos, frente al 30 % para Maduro. Tras los comicios, González Urrutia se exilió en España y el régimen de Maduro emitió una orden de captura en su contra, ofreciendo 100.000 dólares por información que facilite su detención.
El gobierno estadounidense, bajo la administración de Joe Biden, aumentó previamente la recompensa por Maduro, pasando de 15 a 25 millones de dólares a comienzos de año, como parte de nuevas sanciones tras lo que Washington definió como una “investidura ilegítima”.
