Luego que la presidenta Xiomara Castro en Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) condenó las acciones de protesta realizadas en Choluteca, en contra de la Ley de Justicia Tributaria. Además, acusó a los empresarios de financiarlas y solicitó deducir responsabilidades a los organizadores, la bancada de diputados del Partido Nacional cataloga como intolerante y doble moral esta acción.
AQUÍ EL PRONUNCIAMIENTO ÍNTEGRO:
En un acto de soberbia, autoritarismo y envuelto en absoluto irrespeto al elemental derecho humano a la protesta, la presidenta Xiomara Castro amenaza a las personas que salieron a protestar en la ciudad de Choluteca. Ante este hecho insólito y repudiable, la Bancada del Partido Nacional de Honduras, ante la comunidad nacional e internacional,se pronuncia en los siguientes términos:
1.- La presidenta Castro convocó al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad y amenaza con tomar represalias por un simple ejercicio democrático y ciudadano de protesta de hondureños de la zona sur, que se oponen a la injusta ley fiscal. Sin embargo, y paradójicamente cuando los colectivos violentos de Libre se toman los Centros de Salud y Hospitales durante semanas, violentando el fundamental derecho humano a la salud, la señora Castro de Zelaya, no hace ni dice absolutamente nada.
2.- Querer imponer una legislación tributaria a la fuerza, sin diálogo con los verdaderos generadores de empleo, amenazando con el uso de la fuerza a los que se oponen pacíficamente a los dictados autoritarios, no es más que el inicio del verdadero régimen totalitario de izquierda, que es el proyecto político de Libre.
3.- La Bancada del Partido Nacional hace una llamado a la presidenta Xiomara Castro Sarmiento, para que abandone su militancia en Libre, gobierne para todos los hondureños, y deje en el pasado su resentimiento y odio acumulado desde 2009.
4.– La Constitución de la Republica establece en los artículos 78 al 81, el derecho de los ciudadanos a manifestarse pacíficamente para defender o reclamar sus principios y derechos. Ninguna autoridad civil, policial o militar está por encima de la Carta Magna y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Violentar esos preceptos implica un delito.
Bancada del Partido Nacional de Honduras
