La crisis nicaragüense vive una especie de “impasse” donde tanto la oposición, por un lado, como el régimen de Daniel Ortega, por el otro, reacomodan sus piezas y fuerzas con vistas a la batalla que se avecina, que podría ser electoral y definitiva.
Líderes de la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), las dos más fuertes organizaciones opositoras, se reunieron esta semana en El Salvador en busca de una “gran coalición” que enfrente a Daniel Ortega.
En tanto, el régimen de Daniel Ortega anunció una eventual reforma electoral para salir al paso a una de las más fuertes demandas de la oposición. Tanto la Alianza Cívica como la Unidad han planteado la necesidad de una reforma al sistema para darle garantías básicas de libertad y transparencia a un eventual proceso electoral que dirima quién es la mayoría y así superar la crisis que vive el país.
La propuesta del régimen de Ortega, sin embargo, son unas reformas que se discutan solo entre los partidos políticos y dejen al margen a las organizaciones opositoras que surgieron en el contexto de la rebelión ciudadana que inició en abril de 2018.
“Aquí no vamos a traer a lesbianas ni gays para que hablen de cuestión de elecciones. Hay un montón de grupos que andan medio enredados y creen que pueden ser sujetos activos de la cuestión electoral. Queda definitivamente claro: el tema electoral se discute con los partidos políticos, no con gays ni con lesbianas”, expresó el diputado sandinista Wilfredo Navarro, en alusión a la diversidad de movimientos que integran estas organizaciones.
Las reformas electorales son solo una de las estrategias de la oposición. “Tenemos que elevar los niveles de presión previo a la etapa electoral para lograr la libertad de los más de 60 presos políticos, el alto a la represión, el desarme de los paramilitares, el retorno seguro de los que estamos en el exilio, la devolución de las organizaciones de derechos humanos y de sociedad civil y medios de comunicación, y lograr que las reformas electorales sean lo suficientemente profundas para que nos den garantía de que no vamos a otro fraude”, dice Haydee Castillo, miembro de la UNAB.
Aunque tanto el régimen de Ortega como los opositores marchan en direcciones opuestas, el movimiento parece circular y todo hace indicar que se encontrarán en algún punto en una tercera mesa de negociaciones. Ese cruce de caminos podría suceder después del primer trimestre de 2020, calcula el analista político Eliseo Núñez.
Las elecciones generales están previstas para noviembre de 2021, aunque la oposición sigue insistiendo, con menor énfasis que antes, en la necesidad de adelantar las elecciones para hallar una pronta salida a la crisis y aliviar el deterioro económico que ha traído consigo.
“Ortega se vería obligado a negociar después del primer trimestre de este año, para poder encontrar una salida. Ortega tiene claro que la elección la pierde sí o sí y perder la elección le implica una incertidumbre total. Va a intentar tener unos puntos de apoyo”, dice Núñez.
Sin embargo, advierte que el gobernante nicaragüense oculta sus cartas y cuida de no trasmitir señales de derrota al resto de jugadores. “No da señales de una negociación. Ortega va a tratar de halar el hilo un poco más, va a tratar de negociar unilateralmente con los grupos económicos, con los grupos políticos, incluso con la iglesia, tratando de patear la bola hacia adelante lo más largo posible y superar esta crisis sin conceder grandes cosas”, explica Núñez.
Otro que no ve señales de negociación del lado del régimen y, por el contrario, lo ve “caminando en otra dirección” es el director ejecutivo de la Alianza Cívica, Juan Sebastián Chamorro. “Persistir en esa actitud es alargar costos altísimos de pobreza y economía” dice y asegura que lucharán porque haya reformas electorales de verdad y no “cosméticas” como pretende Ortega. “Eso dependerá de la presión nacional e internacional, de la correlación de fuerzas que exista”, reconoce.
Que Ortega suelte el poder después de 14 años en el gobierno dependerá de cuán unida esté la oposición para el 2021. Daniel Ortega lo sabe. La oposición lo sabe. Y la población está convencida de ello. Una reciente encuesta de la agencia de Comunicación Porter Novelli determinó que el 68.12 por ciento de sus encuestados está “totalmente de acuerdo con que la unidad (opositora) es indispensable para un cambio de gobierno”. Y poco más de la mitad de los encuestados (51.09%) asegura que la unidad opositora no se logra “porque prevalecen intereses personales”.
Juan Sebastián Chamorro participó esta semana en las conversaciones que la Alianza Cívica sostuvo con la Unidad Nacional en busca de esa “gran coalición” que enfrente a Ortega y defina el gobierno después de la dictadura.
A principios de enero, las dos organizaciones opositoras sufrieron un traspié cuando se dio lo que ellos anunciaron como “una definición de roles” y la población entendió como “separación”. Chamorro reconoce que fue un “error de comunicación” pero asegura que ambas organizaciones están unidas en el mismo propósito.
Haydeé Castillo dice por su parte que “la nación debería de ver esta etapa como de grandes definiciones, y que era necesario aclarar de la manera más transparente este traslape de funciones, como dos organizaciones diferentes pero complementarias, poder definir el relacionamiento con reglas claras de cómo van a ser la toma de decisiones, estructuras, como será el ingreso de los siguientes actores y buscar puntos en común”.
La reunión de El Salvador, señala, “se trata de un encuentro entre la Unidad y la Alianza para terminar de precisar aspectos esenciales con la coalición”.
