La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convocó al Estado de Honduras a una audiencia pública programada para el próximo 5 de agosto en Washington D. C., donde abordará diversos señalamientos relacionados con la independencia del sistema judicial, la separación de poderes y el cumplimiento de estándares internacionales en materia de justicia y derechos humanos.
La comparecencia se desarrollará durante el 196 período de sesiones del organismo interamericano y surge en medio de un creciente debate sobre la autonomía de las instituciones de justicia en el país. Entre los temas que serán analizados figura el juicio político promovido en marzo de 2026 contra el entonces fiscal general Johel Zelaya, quien fue destituido de su cargo días después. Este proceso generó cuestionamientos debido a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos había determinado previamente que la normativa hondureña sobre el juicio político no se ajustaba a los estándares internacionales de independencia judicial.
Como parte del seguimiento a esa sentencia, la CIDH solicitó información al Estado hondureño sobre las acciones adoptadas para reformar la legislación vigente, fortalecer el debido proceso y garantizar recursos judiciales efectivos. Posteriormente, organizaciones nacionales e internacionales pidieron la realización de una audiencia pública, argumentando la existencia de problemas estructurales en el sistema de justicia, entre ellos presuntas injerencias políticas y el incumplimiento de recomendaciones emitidas por organismos internacionales.
Tras evaluar la solicitud, la Comisión confirmó la audiencia y notificó oficialmente al Gobierno hondureño, que tendrá la oportunidad de exponer su posición y presentar la documentación correspondiente. Para ello, la Procuraduría General de la República inició la recopilación de información de distintas instituciones estatales con el fin de preparar la defensa del Estado ante el organismo regional.
Durante la sesión, la CIDH escuchará tanto los argumentos de las organizaciones peticionarias como la postura oficial de Honduras. Además del caso relacionado con el exfiscal general, el organismo examinará otros aspectos vinculados a la independencia judicial, las garantías del debido proceso y el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el país en materia de derechos humanos.
