La dictadura de Nicolás Maduro sigue sumando denuncias por sus constantes y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Lejos de apaciguar la maquinaria represiva en este año electoral, en los últimos meses el régimen chavista recrudeció la persecución contra la oposición venezolana.
A esa conclusión llegó la Misión Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela en la actualización de su informe que presentó este miércoles ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.
“A la luz de los primeros resultados de nuestras investigaciones, la Misión ha identificado indicios de que los cuerpos de seguridad del Estado continúan cometiendo graves violaciones de los derechos humanos explícitamente mencionadas en el mandato de la Misión, que permanecen impunes”, señala el reporte al que tuvo acceso Infobae, y que cubre el periodo comprendido entre septiembre del año pasado, cuando la Misión presentó su último informe al Consejo, hasta la fecha.
En su presentación del año pasado, la Misión había advertido que la estructura represiva del régimen “no se había desmantelado y que continuaba representando una amenaza latente”. En estos meses, la situación no cambió. Por el contrario, empeoró.
Los investigadores de la ONU indicaron que en esta última actualización encontraron una reactivación “de la modalidad más violenta de represión” por parte de las autoridades chavistas: “La Misión observa una repetición de los mismos patrones de violación de derechos humanos contra personas opositoras o percibidas como tales, que incluye a personas defensoras de los derechos humanos que se atreven a criticar, denunciar o a protestar por decisiones o políticas del Gobierno”.
Según detallaron, el Ministerio Público (MP), a cargo del fiscal general Tareck William Saab, sigue operando como “parte de la maquinaria represiva del Gobierno para otorgar apariencia de legalidad a la persecución de voces críticas”.
Asimismo, la Misión señala que continúa investigando el papel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en graves violaciones a los derechos humanos y crímenes internacionales en los últimos diez años, “con miras a dar cuenta de la cadena de mando e identificar responsabilidades individuales”.
“Los hechos ocurridos en estos meses ponen de manifiesto además los ataques del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela sobre un espacio cívico y democrático cada vez más frágil, como fue documentado en el anterior informe de la Misión”, afirma la Misión de la ONU en el informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos.
Los integrantes de la Misión recordaron, además, que producto de las reiteradas denuncias por violaciones a los derechos humanos, el pasado 1 de marzo la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) confirmó la autorización para que la Fiscalía reanude la investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Persecución y detenciones arbitrarias
En su presentación, la Misión enumeró una gran cantidad de acontecimientos que se produjeron desde octubre del año pasado hasta la fecha de cara a las elecciones presidenciales previstas para el próximo 28 de julio.
Lo primero, recuerda la delegación de la ONU, fue el Acuerdo de Barbados suscrito el 17 de octubre entre la oposición y el chavismo, por medio del cual las partes se comprometían a reconocer el derecho de las partes a elegir libremente a sus candidatos para los comicios, promoviendo “un clima favorable al desarrollo de un proceso electoral pacífico y participativo”.
A los pocos días, el 22 de octubre, la líder del partido opositor Vente Venezuela (VV), María Corina Machado, arrasó en las primarias organizadas por la Plataforma Unitaria. Pero como muchos temían, el chavismo no tardó en entorpecer el proceso electoral.
Apenas un día después, un diputado afín al régimen solicitó la nulidad de las primarias, y posteriormente el fiscal general anunció una investigación contra la Comisión Nacional de Primaria y todas sus juntas regionales por presuntos delitos como usurpación de funciones, traición a la patria y asociación para delinquir.
Finalmente, el 30 de octubre el Tribunal Supremo de Justicia emitió una medida cautelar suspendiendo los efectos de las primarias. Meses después, el mismo TSJ ratificó la inhabilitación política que pesaba sobre Machado por 15 años.
“Estas acciones ponen en evidencia las graves dificultades que existen para garantizar que las próximas elecciones presidenciales se desarrollen de conformidad con el derecho a participar en los asuntos públicos previsto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, advierte la Misión de la ONU.
Asimismo, el informe recuerda que en diciembre Tarek William Saab anunció que había solicitado órdenes de aprehensión contra 14 personas tras el referéndum consultivo convocado por el chavismo en medio de las tensiones con Guyana por el Esequibo.
El 2024, en tanto, continuó en esa senda con anuncios y acciones poco alentadoras para el respeto y ejercicio de los derechos humanos.
En enero el dictador Maduro dijo que en 2023 se habían desactivado cuatro conspiraciones para organizar golpes de Estado en su contra o, incluso, para asesinarlo, y llamó a activar “la Furia Bolivariana”. Ese mismo mes, el fiscal general chavista dio a conocer una presunta conspiración, a la que denominó “Operación Brazalete Blanco” que, según indicó, tenía como objetivo asesinar a Maduro. Al mismo tiempo, unos 33 militares fueron degradados y expulsados del Ejército, acusados de estar implicados en varias conspiraciones.
En el marco de esa “Operación Brazalete Blanco”, el 22 de enero Tarek William Saab anunció que ocho personas habían sido detenidas y que se había ordenado la aprehensión de otras seis que se encuentran en el exilio. Entre ellas se encuentran la abogada y activista por los derechos humanos, Tamara Suju, y la periodista de Infobae Sebastiana Barráez. Un día después, cuatro miembros del equipo de campaña de María Corina Machado fueron detenidos sin orden judicial. Una de esas personas fue liberada, y las otras tres permanecen detenidas.
La mañana del viernes 9 de febrero, la dictadura detuvo, también sin orden judicial, a la activista Rocío San Miguel en el aeropuerto internacional de Maiquetía, en Caracas. Recién dos días después el fiscal general se pronunció en sus redes sociales sobre la aprehensión, pero sin informar su paradero. El miércoles 14, finalmente las autoridades indicaron que se encontraba detenida en El Helicoide, “uno de los centros de tortura documentados por la Misión”.
San Miguel también fue vinculada por el fiscal general chavista a la Operación Brazalete Blanco. El sábado 10, la hija de la defensora de derechos humanos y otros cuatro familiares y allegados también fueron detenidos, aunque posteriormente fueron liberados. “Esta práctica de intimidar con acciones penales a familiares y allegados de las personas objetivo de las autoridades responde a un patrón ya reportado en informes anteriores de la Misión”.
“La Misión constata que, como ya ocurrió en el pasado, las autoridades invocan ‘conspiraciones’ reales o ficticias para amedrentar, detener y procesar a personas opositoras o críticas del Gobierno”, añade el informe.
Por último, la Misión afirma que seguirá llevando a cabo sus “investigaciones de manera independiente”, y a pesar de la falta de cooperación por parte de las autoridades venezolanas. El pasado mes de febrero la dictadura de Maduro suspendió las actividades de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Caracas, instalada en 2019, al considerar que han “instrumentalizado” su trabajo en contra del Ejecutivo, luego de que la Misión expresara su preocupación por la detención de San Miguel.
