La ONU advirtió sobre la sostenida extensión del régimen de excepción en El Salvador y pidió su cese inmediato.
“Reconocemos el complejo reto al que se enfrenta El Salvador para hacer frente a la delincuencia. Sin embargo, debilitar el Estado de derecho y la integridad del sistema legal, derogando el derecho a un juicio justo, no es la respuesta”, declaró Marta Hurtado, portavoz de la oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
“Pedimos a las autoridades que levanten el estado de excepción y revisen las medidas que han introducido”, instó Hurtado.
El presidente Nayib Bukele dispuso el inicio de esta medida el 27 de marzo de 2022, como respuesta a una ola de 87 violentos asesinatos que tuvieron lugar en pocos días. Hace poco más de un año, cifras oficiales daban cuenta de que el país estaba controlado por las maras, casi en un 80 por ciento.
Como respuesta a ello, el Congreso unicameral acompañó la disposición del régimen de excepción, que suprime varios derechos constitucionales, como garantías a los arrestados para acceder a un abogado o de ser informados sobre los cargos en su contra.
También amplía la ventana de detención de 72 horas a 15 días y permite a las autoridades intervenir en la correspondencia y los celulares de quienes considera sospechosos.
Desde entonces, ya han sido detenidos más de 68.000 presuntos pandilleros, sin órdenes de arresto de la Justicia, que incluye a unos 1.600 menores. Estas cifras han derivado en que nueve de cada diez salvadoreños apoye la medida y la considere efectiva en la lucha contra la violencia en las calles.
