La Fiscalía peruana solicitó 2 años y 11 meses de prisión para el fundador del partido oficialista Perú Libre y exgobernador regional, Vladimir Cerrón, por el delito de malversación de fondos.
La imputación del Segundo Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios incluyó también a los exgerentes del Gobierno Regional de Junín Henry López Cantorin, Ulises Panez, Rocío Cristina Bonifacio Aliaga, Julio Alberto Matos Gilvonio, Estela Encarnación Baldeón Hormaza, Ofelia Rios Pacheco, y William Javier Acosta Laymito.
Además, el Ministerio Público solicitó que se imponga a los imputados la pena de inhabilitación, la misma que se extenderá por igual tiempo que la pena principal, y la imposición del pago de una reparación civil de 100 mil soles (20 mil euros) que deberá ser pagada de manera solidaria por los acusados.
De acuerdo con la fiscal adjunta provincial María Angélica Huamán, los exfuncionarios del Gobierno Regional de Junín habrían ejecutado irregularmente un total de 2 880 088 millones de soles (597 763 euros) del presupuesto destinado a los trabajos de “Reforestación de la Margen Derecha del Valle del Mantaro” para la ejecución de otros nueve proyectos.
Este hecho ocurrió con el aval de los funcionarios antes mencionados y a pesar que estos recursos no eran de libre disponibilidad, lo que ocasionó que el proyecto principal no fuese culminado.
Lavado de activos
Este sábado 28, agentes del Ministerio Público y de la Policía Nacional del Perú (PNP) realizaron el allanamiento de siete inmuebles en Lima y Junín -entre ellos la casa de Cerrón- y locales de Perú Libre.
El operativo, a cargo del fiscal Richard Rojas, se realizó en el marco de la investigación por presunto financiamiento ilegal de la campaña de esa organización política en las Elecciones Generales 2021.
Cerrón y otros son investigados por la presunta comisión del delito de lavado de activos en el marco de una organización criminal en agravio del Estado. En su defensa, el líder de Perú Libre denunció que se trata de una “persecución política”.
“Desde el Perú profundo denuncio la persecución política contra el partido y sus dirigentes, que conllevó al allanamiento de nuestra sede y mi domicilio. Agradezco la solidaridad del pueblo peruano y llamo a la unidad contra quienes controlan los poderes estatales para sus fines”, tuiteó.
La abogada Beatriz Mejía, analista política y exdirectora del Centro de Investigaciones de la Corte Suprema opina sobre la petición de la fiscalía que “los imputados han utilizado los fondos de un programa de reforestación en otros nueve proyectos. Esto es malversación, por eso están pidiendo 2 años y 11 meses. O sea, está dentro de los parámetros de consideración. La fiscal está pidiendo una condena que va a ser reparativa para el Estado, tienen que pagar una reparación civil, y es muy probable que no tengan cárcel efectiva por esto. Por menos de cuatro años, por lo general, los jueces suspenden la pena y la convierten en condicional, salvo que el juez considere que, por la gravedad y reincidencia, deba ser efectiva. Otra cosa es la acusación por lavado de activos que pesa sobre Cerrón y los funcionarios señalados en el caso ‘Los dinámicos del centro’, mucho más grave. Ahí fácil pueden pedir para los imputados unos 15 años de prisión, porque han estado lucrando por varios años a costa de la gente, con las licencias de conducir, y ese dinero lo habrían estado redireccionando al partido Perú Libre. Además del delito de lavado de activos, han cometido corrupción activa y pasiva de funcionarios públicos, y el beneficiario ha sido Vladimir Cerrón”.
Desde que Pedro Castillo asumió la presidencia del Perú el pasado 28 de julio, la sombra de Vladimir Cerrón ha cobrado más fuerza sobre su gobierno.
Según una encuesta de la Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión (CPI) de principios de agosto, 58.1% de peruanos creen que las decisiones del presidente Castillo dependen de Cerrón, quien manejaría el Ejecutivo -y una facción de la bancada legislativa- a través de sus operadores -como Guido Bellido, nombrado presidente del Consejo de Ministros (PCM) por voluntad suya-, lo que constituye el delito de usurpación de funciones.
