La Fiscalía de Costa Rica acusó el pasado lunes al presidente Rodrigo Chaves y a otros seis altos funcionarios y diputados del oficialismo por presunto financiamiento ilícito en su campaña electoral de 2022.
Según el Ministerio Público, el Partido Progreso Social Democrático (PPSD) habría operado con dos estructuras paralelas de financiamiento fuera del control del Tribunal Supremo de Elecciones.
Entre los señalados están el vicepresidente Stephan Brunner, el canciller Arnoldo André y cuatro diputados oficialistas, incluida Pilar Cisneros. Usaron un fideicomiso privado y cuentas personales, presuntamente al margen de la ley.
La Corte Suprema evaluará si solicita al Congreso levantar el fuero de los acusados para enjuiciarlos. Las penas van de dos a cuatro años de prisión, según el Código Electoral.
Chaves, que ya enfrenta otra causa por supuesto abuso de poder, sostiene que se trata de una persecución política. El mandatario no puede reelegirse, pero su partido apunta a una mayoría en las elecciones de 2026.
