La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) consideró «improcedente» otorgar medidas provisionales en favor del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que sus representantes solicitaron en medio de investigaciones por aparente financiamiento irregular de su campaña política.
La CorteIDH explicó que el equipo legal de Petro solicitó las medidas como parte del proceso de supervisión de la sentencia emitida en el 2020, en la cual el tribunal condenó a Colombia por la destitución de Petro de su cargo de alcalde de Bogotá en 2013.
La resolución, publicada en la página web de la CorteIDH, determinó que el caso resuelto en el 2020 no tiene relación con las medidas provisionales y por ello las rechazó.
«La Corte considera que la referida solicitud no tiene relación con el objeto del caso (resuelto en 2020) ni con la implementación de alguna de las tres garantías de no repetición de adecuación normativa ordenadas en el fallo, con lo cual resulta improcedente», indica la resolución.
Una situación «fáctica» y «jurídica» distinta a la de 2020
El texto agrega que la solicitud de los representantes de Petro «se basa en una situación fáctica y jurídica distinta a la que conoció este Tribunal en la Sentencia del caso Petro Urrego emitida en 2020».
«En aquella oportunidad, la Corte consideró inconvencional que una autoridad administrativa dispusiera el cese y eventual inhabilitación de funcionarios electos popularmente. De la información aportada en esta solicitud de medidas provisionales no surge que el órgano administrativo en cuestión tenga la facultad de inhabilitar o restringir los derechos políticos de un funcionario electo popularmente», determinó la CorteIDH.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) formuló en octubre pasado cargos por presuntas irregularidades a la campaña que llevó a Petro a la Presidencia de Colombia en 2022.
La investigación encontró una supuesta violación de topes de gastos por 5.300 millones de pesos (unos 1,19 millones de dólares).
