Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador ratificó la orden de prisión preventiva contra el prófugo ex presidente Rafael Correa, vinculado a un caso de presunto cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias conocido como “Sobornos 2012-2016”, informó la Fiscalía.
El Tribunal acogió un pedido fiscal y reiteró la orden de prisión preventiva, con fines de investigación, contra Correa y otros ex altos cargos de su Administración (2007-2017), incluido su ex vicepresidente Jorge Glas, condenado a seis años de prisión por estar involucrado en la trama de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht.
Los jueces David Jacho, Wilman Terán e Iván Larco, del Tribunal de la Corte Nacional, aceptaron el pedido del fiscal que sigue el caso, Wilson Toainga, y resolvieron negar los recursos de apelación que habían interpuesto los abogados de Correa, Glas y otros involucrados, identificados como Yamil M., Vinicio A., Cai R. y Walter S.
La defensa de los acusados había solicitado que se revocara la orden de prisión preventiva, tras aducir que no se habían cumplido los requisitos para dictar dicha medida, recordó la Fiscalía en un comunicado difundido tras concluir la audiencia en la Corte.
Además, los abogados de los sospechosos habían solicitado que se dispusieran otras medidas cautelares alternativas, como la presentación periódica ante la autoridad, lo que también garantizaba la presencia de los involucrados en el proceso.
De su lado, el fiscal Toainga argumentó que esas peticiones no cumplían con los requisitos establecidos en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y pidió que se desecharan los recursos.
Ante el argumento de los letrados, en el sentido de que la orden de prisión preventiva era una medida “exagerada” y que respondía a “represalias políticas”, Toainga aseveró que el trabajo de la Fiscalía es “absolutamente objetivo y técnico, con base en lo que disponen la Constitución y la Ley”.
El Tribunal resolvió, por unanimidad, ratificar la prisión preventiva al considerar que la decisión inicial de la jueza que lleva el caso, Daniella Camacho, cumplía con los requisitos establecidos en el COIP y que, por lo tanto, la orden de prisión preventiva estaba totalmente motivada y justificada con base en el principio de legalidad.
Recordó que, en este caso, la Fiscalía del Estado investiga los presuntos aportes realizados por contratistas del Estado, a través de dinero en efectivo o cruce de facturas, en beneficio del grupo político que lideraba Correa.
Además, el Ministerio Público indicó que la audiencia preparatoria de juicio en contra de veinticuatro personas vinculadas al caso, se reinstalará el próximo 11 de noviembre.
La jueza Daniella Camacho, en esa audiencia, decidirá además sobre la existencia de presuntos vicios de procedimiento, procedibilidad, competencia y prejudicialidad, como advierte la defensa de los acusados.
El ex presidente Correa, prófugo que reside en Bélgica desde 2017 y que gracias a ello ha logrado evadir otras causas de supuesta corrupción, ha denunciado una presunta persecución política en su contra por parte de su sucesor y acérrimo rival, el mandatario Lenín Moreno.
Este miércoles, Correa, durante una visita a México, denunció incluso una eventual operación judicial contra los ex líderes progresistas latinoamericanos y bromeó con que a él se le persigue más que al mafioso Al Capone, al dictador Augusto Pinochet y al narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán.
“Tengo 29 juicios penales, más que Al Capone, Pinochet y el Chapo Guzmán juntos. Han buscado mis cuentas bancarias, mis movimientos financieros y migratorios (…) y no han encontrado absolutamente nada y jamás lo encontrarán porque sencillamente no existe”, dijo Correa durante una conferencia magistral en Ciudad de México.
Aseguró que sufre de una persecución por parte del presidente Moreno, a quien tachó de “traidor” por querer “destruir” su legado y “vender el país” al Fondo Monetario Internacional (FMI).
