El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, llegó este domingo a Venezuela, en el marco de su gira de 10 días por América Latina que lo llevó también a Colombia.
“Está previsto que el fiscal Khan conozca de primera mano la marcha de las instituciones del Estado y establezca un diálogo de cooperación positiva”, indicó la televisora estatal venezolana al divulgar imágenes del funcionario junto al canciller Félix Plasencia en el aeropuerto internacional de Caracas.
La visita, agregó, será de tres días y obedece a una invitación formulada por el fiscal del régimen chavista, Tarek William Saab.
No se han divulgado detalles de la agenda de Khan en el país, parte de su primera gira desde que asumió el cargo en julio y que tuvo una primera parada en Colombia el 25 de octubre pasado. Parientes de detenidos y fallecidos a manos de las autoridades venezolanas han pedido reunirse con el fiscal para dar de primera detalles de las violaciones a los derechos humanos perpetradas por la dictadura chavista.
El tribunal encargado de juzgar a los responsables de crímenes contra la humanidad está realizando exámenes preliminares con vistas a posibles aperturas de juicios. Por eso, una vez que culmine su viaje a Caracas, el magistrado británico debe decidir si impulsa una investigación contra el dictador Nicolás Maduro.
En los últimos días crecieron las denuncias por las maniobras del régimen para “maquillar” las cárceles del país antes de la visita del fiscal de la CPI.
Días atrás, ante las versiones de la gira de Khan, el Instituto Casla envió una carta abierta al fiscal, en el que detallaron los 10 centros de detención y tortura que debería recorrer para comprobar los crímenes del régimen chavista. “Desde julio, fecha en el cual usted fue invitado por uno de los señalados como Alto Responsable de los Crímenes de Lesa Humanidad cometidos en Venezuela, el Fiscal de Maduro, Tarek William Saab, la dictadura se ha dedicado a ‘borrar’ con pintura y remodelaciones las celdas célebres donde durante años, civiles y militares, mujeres y hombres, han sido terriblemente torturados por disentir y oponerse al régimen”, denunció Tamara Suju, directora ejecutiva del instituto.
“Los sótanos conocidos como ‘La Tumba’ en la Plaza Venezuela fueron desocupados no hace más de 25 días, muchos presos del Helicoide fueron trasladados a otras cárceles para ocultar el hacinamiento y condiciones inhumanas en las que estaban, varios detenidos en el DGCIM de Boleíta, Caracas, han sido trasladados, quedando solo aquellos a los que el régimen les tiene terror; civiles están siendo trasladados mientras escribo esta carta, de la Cárcel Militar de Ramo Verde a cárceles comunes, y así sucesivamente”, agrega el texto.
Luego se pregunta: “¿Qué habrá pasado con las célebres celdas ‘la jaula de los Locos’, la celda ‘marrón’, ‘la Pecera’, ‘el Ascensor’, ‘El Refrigerador’, ‘La Caja de Muñecas’, ubicadas en los sótanos del DGCIM? No lo sabemos. Pero, si a usted lo pasean por el sótano 3, podrá conocer ‘La Casa de los Sueños”, aterrador lugar donde, desde hace más de 3 años (aunque la encuentre recién pintada y acomodada como si estuviera en Disney Word) conviven los presos políticos de Maduro, encerrados las 24 horas del día en grupos de 3 y 4 personas (antes de los traslados), en celdas 2 x 2, sin aire ni luz natural, muchas veces sin aire acondicionado, envenenándose con monóxido de carbono de los vehículos y motos que circulan en dicho sótano, sufriendo todo tipo de humillaciones, torturas blancas, torturas psicológicas, escasa alimentación, presentando una serie de patologías producto de las torturas y del encierro, e incluso, contrajeron COVID-19 y nunca fueron tratados como debieron ser tratados”.
El británico asumió el cargo en junio, al finalizar el período de Fatou Bensouda. En sus últimos días, la abogada gambiana expresó que tenía la intención de pedir una investigación formal sobre los crímenes cometidos por las fuerzas del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, pero que se vio impedida en el último momento después de que Caracas pidiera a los jueces que tomaran el control del caso.
“Con respecto a Venezuela, me había comprometido a llegar a una determinación final, en la medida de lo posible, durante el resto de mi mandato. Quizás en anticipación a ese resultado, como habrán visto en los medios de comunicación, una sala de la CPI recibió un expediente del Gobierno de Venezuela solicitando a la Sala que ejerciera control judicial sobre la realización de nuestro examen preliminar. Esto fue presentado de manera confidencial, por lo que no puedo referirme a ellas en detalle, aunque el hecho de su presentación ha sido mencionado públicamente por las propias autoridades venezolanas”, escribió Bensouda, una carta de despedida.
El examen preliminar de la Fiscalía de la CPI, abierto a Venezuela en febrero de 2018, estudia supuestos abusos de las fuerzas de seguridad en manifestaciones y cárceles desde, al menos, abril de 2017.
En la misiva, la fiscal jefa de la CPI dice que había llegado a una conclusión final sobre la investigación y que estaba preparada para presentarla, pero que con el recurso presentado por el régimen de Maduro, ha decidido esperar la decisión de la sala de la CPI antes de hacer cualquier anuncio.
“Me comprometo a cumplir con mis funciones y a ejercer mi poder como fiscal de la Corte Penal Internacional con honor, fidelidad, imparcialidad y concienzudamente”, dijo Khan, de 51 años, ante la sede de la institución, en La Haya, durante su asunción.
Khan, especialista de derechos humanos, ocupaba antes el cargo de subsecretario general de Naciones Unidas, donde estuvo encargado de dirigir una investigación especial de la ONU sobre los crímenes del grupo yihadista Estado Islámico. También ha intervenido del lado de la defensa en varios juicios ante la CPI, en particular para Seif al-Islam, un hijo del exdirigente libio Muammar Gadaffi.
