Un juzgado de San Salvador ordenó este martes la reapertura de un proceso penal para que se investigue a los autores intelectuales del asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras, ocurrido en noviembre de 1989.
“En efecto, se ha ordenado la reapertura de un proceso judicial penal para investigar a los autores intelectuales, los responsables de ordenar la masacre de los sacerdotes jesuitas”, aseguró a la AFP el abogado del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA) Arnau Baulenas.
La decisión fue tomada por el Juzgado Tercero de Paz de San Salvador, que también ordenó a la Fiscalía General de la República “presentar un nuevo requerimiento” contra los acusados, agregó Baulenas.
“Esta es una buena noticia y esperamos que se pueda lograr justicia”, sostuvo el abogado tras señalar que la UCA pidió la reapertura del caso luego que en julio de 2016 la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional una amnistía que impedía investigar atrocidades ocurridas en la guerra civil (1980-1992).
El juzgado declaró “nula” una resolución de 2000 que sobreseyó al expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994) y a oficiales que pertenecían al alto mando de la Fuerza Armada al momento de ocurrir la masacre y que fueron señalados por la UCA como autores intelectuales.
Los jesuitas acusan de ordenar la matanza a los generales en retiro Rafael Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo, Francisco Elena Fuentes, Orlando Zepeda, al difunto René Emilio Ponce y al coronel Inocente Orlando Montano. Este último fue extraditado por Estados Unidos a España, donde permanece encarcela por el asesinato de los jesuitas, varios de ellos de origen español.
El director del IDHUCA, el sacerdote jesuita José María Tojeira, dijo en diciembre que pedirá el “sobreseimiento” de Cristiani, al estimar que “no tuvo conocimiento previo” del plan.
La matanza ocurrió el 16 de noviembre de 1989, cuando efectivos del ahora proscrito batallón Atlacatl atacaron a los seis sacerdotes y sus dos colaboradoras en el campus de la UCA.
Las víctimas fueron el español-salvadoreño Ignacio Ellacuría (rector de la UCA), los españoles Ignacio Martín Baró (vicerrector), Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno, el cura salvadoreño Joaquín López y Elba Ramos y su hija Celina.
En El Salvador solo fueron juzgados los militares acusados de ser los autores materiales del crimen. En enero de 2016, un tribunal español pidió a Interpol detener a otros 17 oficiales retirados, pero en agosto de 2017 la Corte Suprema dejó sin efecto la demanda.
Por la masacre solo guarda prisión el coronel Guillermo Alfredo Benavides, condenado en 1992 a purgar 30 años de cárcel.
