Una jueza federal en Seattle bloqueó el martes una política del gobierno del presidente Donald Trump que mantendría a miles de solicitantes de asilo detenidos mientras se deciden sus casos, y señaló que la Constitución exige que esos migrantes tengan la oportunidad de ser liberados.
La jueza de distrito Marsha Pechman falló que las personas que son detenidas después de entrar en el país para pedir protección tienen derecho a audiencias de fianza. El secretario de Justicia William Barr anunció en abril que el gobierno ya no brindaría tales audiencias, sino que mantendría en custodia a los solicitantes de asilo. La medida era parte del plan del gobierno federal para frenar el aumento en el número de migrantes que llegan a la frontera sur de Estados Unidos.
Pechman dijo que, como personas que ingresaron a Estados Unidos y fueron detenidas aquí, tienen derecho a las protecciones al debido proceso que ofrece la Quinta Enmienda constitucional, incluyendo “una añeja prohibición en contra de la detención civil indefinida sin la oportunidad de probar su necesidad”.
Defensores de los derechos de los inmigrantes, como la Unión Americana de Libertades Civiles y el Northwest Immigrant Rights Project, entablaron demandas para bloquear la política, la cual estaba programada para entrar en vigor el 15 de julio.
“La corte ratificó lo que se había establecido desde hace décadas: que los solicitantes de asilo que entran a este país tienen el derecho a evitar las detenciones arbitrarias”, dijo Matt Adams, director legal de Northwest Immigrant Rights Project, en un comunicado por escrito. “Miles de solicitantes de asilo seguirán siendo capaces de buscar ser liberados bajo fianza, mientras buscan obtener protección contra la persecución y la tortura”.
Durante los últimos 50 años, el gobierno les ha dado a estos solicitantes de asilo audiencias de fianza ante jueces migratorios, donde pueden argumentar que deberían ser dejados en libertad ya que no representan un riesgo de escapar ni una amenaza a la sociedad, señalaron los grupos ante el tribunal. Eso les brinda a los solicitantes de asilo una oportunidad para reunirse con familiares en Estados Unidos y encontrar abogados que lleven sus casos de asilo, incrementando las posibilidades de éxito.
La nueva política habría puesto fin a esa práctica, manteniendo a entre 15.000 y 40.000 inmigrantes en custodia por seis meses o más sin que se le requiriera al gobierno demostrar que sus detenciones estaban justificadas, en violación a su derecho al debido proceso, alegaron los grupos. Por lo general, cerca de la mitad de los solicitantes de asilo que obtienen una audiencia de fianza son puestos en libertad.
“La corte determina que los demandantes han establecido un interés protegido constitucionalmente en su libertad, un derecho al debido proceso que incluye una audiencia ante un árbitro neutral que evalúe la necesidad de su detención, y una probabilidad de éxito basándose en los méritos del caso”, escribió la jueza.
En su fallo, Pechman dijo que el gobierno debe otorgar audiencias de fianza en un lapso no mayor a siete días a cualquier inmigrante que haya demostrado temor creíble de persecución o tortura en caso de volver a su país de origen. De no obtener una audiencia dentro de ese lapso, los solicitantes de asilo deben ser liberados, destacó.
Pechman también señaló que la presión en esas audiencias debe estar sobre el gobierno, que debe demostrar que es necesario mantener detenidos a los solicitantes de asilo porque representan un riesgo de escapar o para la seguridad pública.
