La organización Jueces por la Democracia presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en contra del Decreto Legislativo No. 10-2026, que limita las facultades administrativas de la presidencia de la CSJ.
La solicitud busca que el Tribunal admita el recurso tanto por razones de contenido como de forma, y que se realicen las comunicaciones necesarias para obtener los antecedentes legislativos relacionados con la aprobación del decreto.
Asimismo, se solicitó dar traslado de la acción y sus antecedentes al Ministerio Público, con el fin de que emita el dictamen correspondiente dentro del plazo legal establecido. La organización destacó la importancia de que la Sala conozca de manera prioritaria esta acción, considerando los impactos directos que la norma impugnada genera sobre la independencia judicial y el funcionamiento del sistema de justicia en el país.
Finalmente, la petición formal contempla que se declare la inconstitucionalidad, con efectos ex nunc, de los artículos 3 y 3-A incorporados al Decreto Legislativo 282-2010 mediante el artículo 1 del Decreto 10-2026, por contravenir varios artículos de la Constitución de la República, así como disposiciones del propio decreto original. La acción enfatiza la necesidad de salvaguardar el principio de independencia judicial y garantizar el correcto funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia.
