El Instituto de la Propiedad (IP) proyecta iniciar la entrega de las nuevas placas vehiculares durante el último trimestre de 2026, como parte del proceso de adquisición impulsado por el Gobierno de la República para solucionar el desabastecimiento acumulado desde 2023.
El Secretario Ejecutivo del IP, abogado Luis Alberto Torres, informó que la institución ya avanzó en la etapa de contratación y espera recibir el próximo 9 de julio la oferta oficial de la empresa Tönjees Card Latinoamérica, compañía de origen alemán con representación en Panamá y Honduras, interesada en desarrollar el proyecto de fabricación y suministro de placas vehiculares para el país.
Tecnología y producción nacional para fortalecer la seguridad
Las nuevas placas incorporarán tecnología de última generación orientada a fortalecer la seguridad nacional, incluyendo sistemas de identificación por radiofrecuencia (RFID), arcos de lectura y dispositivos manuales que permitirán un mayor control e identificación de los vehículos que circulan en Honduras.
Asimismo, el proyecto contempla la instalación de una planta de producción en territorio nacional, permitiendo que las placas sean fabricadas localmente. Tras la firma del
contrato, la empresa dispondrá de aproximadamente 120 días para completar el proceso de instalación e iniciar la producción.
Torres explicó que la fecha exacta para el inicio de la entrega será anunciada una vez suscrito el contrato, ya que en ese documento se establecerá el cronograma oficial de fabricación y distribución. No obstante, reiteró que la meta institucional es comenzar la entrega de placas metálicas antes de finalizar el presente año.
Un millón de placas pendientes
Actualmente, el IP registra una mora cercana al millón de placas pendientes de entrega, cifra que continúa aumentando con los nuevos registros vehiculares. Sin embargo, la capacidad de producción prevista permitirá atender la totalidad de la demanda acumulada en un plazo aproximado de un año.
El proceso de adquisición se desarrolla al amparo del decreto de contratación de emergencia aprobado por el Congreso Nacional, que declaró la emisión de placas vehiculares como una necesidad prioritaria y un asunto de seguridad nacional.
