La Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) y la ATIC investigan en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) el manejo de un fideicomiso suscrito con el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) en el año 2014 por un monto superior a los 400 millones de lempiras aproximadamente.
Específicamente, las diligencias están orientadas a determinar si se cometieron delitos de malversación de caudales públicos, fraude y violación de los deberes de los funcionarios, tal y como reza una denuncia en poder del Ministerio Público y que además incluye otros millonarios fideicomisos en la Secretaría de Seguridad, el Instituto de la Propiedad (IP), la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) y la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (COALIANZA) de la administración anterior.
Además, la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural presentará requerimiento fiscal contra tres funcionarios del Instituto Nacional Agrario (INA) por abuso de autoridad y falsificación de documentos públicos, en afectación a los derechos de propiedad del pueblo garífuna de Tornabé y en respuesta a denuncias interpuestas por miembros de la comunidad y sus organizaciones representativas.
Otra causa, la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) la interpuso en contra de una exservidora del Registro Civil Municipal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, por falsificación de documentos públicos, al tiempo que en la alcaldía de Tocoa, Colón, se iniciaron diligencias investigativas por un permiso concedido el año 2016 a la empresa minera Ecotek, citando al alcalde Adán Fúnez y a representantes de la compañía.
Durante la Operación Némesis VII, del lado de la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia (FEEFS-SJ) se efectuarán inspecciones por supuestas irregularidades en los juzgados de paz de Guaimaca, Francisco Morazán, así como se acusará en la ciudad de Nacaome, Valle, a elementos de la Policía Nacional.
40 requerimientos por violencia de género en la zona central son parte del trabajo de la Fiscalía Especial de Protección a la Mujer (FEPMUJER) y también se judicializarán casos de asesinato, femicidio, homicidio, extorsión, tráfico de drogas, asociación para delinquir, porte de armas comerciales y prohibidas, robo, violación, otras agresiones sexuales, maltrato familiar, negación de asistencia familiar, daños ambientales, contaminación, explotación ilegal de recursos naturales, defraudación fiscal, contrabando, violación a la propiedad intelectual e industrial, entre otros delitos, de lo que se espera un alto número de detenidos a nivel nacional.
Todas las acciones anteriores se desarrollan bajo la coordinación de las Fiscalías Especiales, Regionales y Locales, la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) y la ATIC, con un importante apoyo de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO), Policía Militar del Orden Público (PMOP), Dirección Policial Nacional Antidrogas (DNPA), la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL), Fuerzas Armadas y autoridades administrativas.
