La junta directiva del Congreso Nacional, junto a la cúpula de la Secretaría de Seguridad, acordó impulsar una reforma al Código Penal y al Código Procesal Penal, orientada a fortalecer el combate contra la extorsión y otorgar la facultad de declarar como “terroristas” a diversas estructuras criminales que operan en el país.
La iniciativa fue discutida en una reunión de alto nivel entre el presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, y el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, junto con la plana mayor de la Policía Nacional.
El proyecto de ley busca dotar a los operadores de justicia de nuevas herramientas legales para frenar el cierre de negocios y el asedio al sector transporte, incluyendo una revisión exhaustiva del tipo penal de extorsión y el endurecimiento de sus agravantes.
Se plantea castigar con mayor severidad cuando se utilicen menores de edad, personas de la tercera edad o miembros de las fuerzas de seguridad y del sistema financiero para recolectar el llamado “impuesto de guerra”.
Asimismo, la reforma contempla proteger a las víctimas y testigos, evitando su sobreexposición en múltiples etapas del proceso judicial, un factor que actualmente desincentiva la denuncia ciudadana. Otro aspecto central es la atribución de la categoría de “terroristas” a asociaciones ilícitas que causen grave daño a la población, decisión que sería analizada y aprobada bajo el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.
