El poder del dirigente chavista Diosdado Cabello rivaliza con el del propio gobernante Nicolás Maduro y su programa semanal de televisión sirve de barómetro para identificar a quienes caen en la lista negra del régimen venezolano.
Por eso los integrantes de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (ACFIMAN) se inquietaron cuando Cabello los nombró recientemente en el programa, criticando el informe que los académicos elaboraron sobre el coronavirus.
“Esto es una invitación para que los organismos de seguridad del Estado llamen a esta gente”, dijo Cabello, quien mantiene vasto control sobre el sector militar, incluyendo los organismos de inteligencia, en Venezuela. “Están generando alarma”.
La amenaza es la última manifestación de los esfuerzos del régimen por mantener el control absoluto sobre la información sobre el COVID-19 en Venezuela, que en el pasado le han llevado a amenazar con prisión a quienes cuestionan el manejo de la pandemia.
En un ejemplo de esto registrado en marzo, el régimen ordenó a fiscales y a los servicios de inteligencia que enjuiciaran a un doctor que había alertado en sus redes sociales que dos posibles casos estaban bajo estudio en la ciudad occidental en Maracaibo, mientras que en abril amenazó con arresto al personal que contestó una encuesta de la opositora Asamblea Nacional sobre las condiciones de las instalaciones hospitalarias en el marco del COVID-19.
En el pasado, el régimen ha arrestado a activistas y a periodistas por postear información que considera incómoda a través de las redes sociales, haciendo uso de la denominada “Ley Contra el Odio”, legislación que adoptó para silenciar la disidencia en el país.
El gran pecado de la academia fue afirmar que la pandemia en el país podría ser peor de lo que muestran los datos oficiales.
El informe, elaborado en base a las estadísticas sobre la evolución de la pandemia en países vecinos y algunas naciones europeas, advirtió que los números del régimen no toman en cuenta la existencia de casos asintomáticos y que debido a ello los venezolanos podrían estar atravesando un mayor riesgo de contagio.
“Los análisis que están siendo realizados en el país están siendo sustentados solo en las personas que muestran síntomas”, explicó desde Caracas Mireya Goldwasser, presidenta de ACFIMAN. Eso significa que los datos anunciados en realidad representan un registro incompleto, o un “subregistro”, de la totalidad de casos.
Ese subregistro, en el mejor de los casos, podría representar solo un 63 por ciento de la totalidad de casos presentes en Venezuela, concluye el informe de 18 páginas.
“Eso no les gustó”, expresó Goldwasser.
Datos del régimen anunciados esta semana apuntan que el país registra 2,087 personas contagiadas en total, y solo reporta 20 muertos por la enfermedad.
Ese total contrasta con los 35,120 casos registrados en Colombia (1,087 muertos), los 183,000 casos (5,031 muertos) de Perú, los 122,000 casos (1,448 muertos) de Chile y los 20,184 casos (608 muertos) de Argentina.
El régimen ha colocado al territorio nacional bajo cuarentena, dificultando el transporte entre las ciudades, en un intento por contener la expansión de la pandemia. Pero Maduro esta semana declaró que se requiere de un esfuerzo aún mayor.
“Pido máxima disciplina”, dijo el gobernante durante un acto de gobierno. “Tenemos una situación difícil. No ha llegado a grave, pero es amenazante”.
Goldwasser, por su parte, creen que la situación es incluso más grave que lo que el régimen y sus datos sugieren.
“El gobierno muestra que hay un aplanamiento de la curva del comportamiento de la epidemia. Pero si no se está tomando en cuenta ese porcentaje de personas a los que no se les está haciendo los análisis, eso significa que ese aplanamiento no es real”, explicó Goldwasser.
“Nosotros en realidad creemos que el aplanamiento de esa curva se va a producir entre junio y septiembre, y que en este momento podrían haber 1,000 más infectados”, agregó.
Goldwasser dijo que los integrantes de la academia se tomaron la amenaza de Cabello muy en serio, lo que les llevó a contactar a organizaciones internacionales que velan por los derechos humanos.
“Los contactamos porque sentimos que nuestros derechos estaban siendo violados. Nos comunicamos con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la ONU, con Human Rights Watch y otras organizaciones para plantearles nuestra situación”, dijo Goldwasser.
“Y hemos recibido de ellos bastante apoyo, no solo por parte de estas organizaciones, sino también de instituciones gremiales, científicas y de la población en general. Estamos realmente muy contentos y agradecidos por ese apoyo”, agregó.
