El gobierno de Perú anunció la aplicación de una medida contra el expresidente boliviano Evo Morales por presuntamente promover protestas contra el mandato de la presidenta peruana Dina Boluarte, según anunció su primer ministro, Alberto Otárola.
“Vamos a utilizar enérgicamente los mecanismos de nuestra diplomacia directa y los mecanismos administrativos sancionadores”, declaró Otárola el domingo en el diario Perú 21. Indicó que “habrá una respuesta muy pronta” y que “se va a expresar de una manera enérgica” que Perú no puede permitir que extranjeros tengan una actitud injerencista.
Algunos políticos y líderes de Perú cuestionan la participación de Morales y su entorno en reuniones con grupos opositores al gobierno de Boluarte en la región de Puno, ubicada en el sur peruano y limítrofe con Bolivia. Las críticas crecen ante iniciativas secesionistas de algunos colectivos, que plantean que el sur peruano se separe como un Estado aparte.
“No basta con una respuesta administrativa de Migraciones. (…) No vamos a permitir que ningún presidente, expresidente, ni líder ni persona se inmiscuya en los asuntos de Perú, sobre todo afectando los legítimos derechos de los peruanos”, expresó el primer ministro.
La canciller peruana, Ana Gervasi, ha sido citada al Congreso para el lunes 9 por este asunto. Según la agenda de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento, Gervasi ha sido convocada para que dé cuenta sobre las relaciones bilaterales con Bolivia, el flujo migratorio irregular de bolivianos por la región de Puno y la posición de su sector en lo que se refiere a “la idea secesionista contemplada en el decálogo (del bloque) Runasur, impulsada por el señor Juan Evo Morales Ayma, básicamente en el sur de nuestro país”.
El congresista conservador Jorge Montoya presentó una denuncia penal contra Morales, a quien acusa de promover la separación de una parte de Perú y exige que se impida su entrada al país. Su colega de bancada, José Cueto, pide que el exmandatario boliviano sea capturado.
Morales alega que respalda el pedido de un sector de peruanos que quiere una nueva Constitución y que eso no es una injerencia indebida.
“Somos países hermanos y seremos vecinos por toda la vida. Compartir experiencias de una Constituyente para refundar el país y consolidar la soberanía con igualdad, inclusión y solidaridad, no es intervencionismo. La insurrección no se resuelve con reforma parcial de la Constitución”, replicó en Twitter.
Las protestas contra el gobierno de Boluarte continúan en una nueva fase, tras retomarse luego de una tregua parcial por las fiestas navideñas. La convulsión tiene mayor intensidad en el sur peruano. Los manifestantes exigen la renuncia de la mandataria, el cierre del Congreso y nuevas elecciones. Algunos además reclaman que se le libere a Pedro Castillo, antecesor de Boluarte que fue depuesto, está preso y es investigado por presunta rebelión.
Boluarte asumió el gobierno luego de que Castillo, que era presidente desde el 2021, fue destituido por el Congreso tras intentar disolver este poder del Estado a través de un mensaje televisivo el 7 de diciembre. La actual mandataria era vicepresidenta y fue elegida en la misma lista con su antecesor. El Parlamento la juramentó por ser sucesora constitucional.
Castillo fue detenido cuando iba en un vehículo con su comitiva en una avenida del centro de Lima. Según la Fiscalía, se dirigía a la embajada de México para solicitar asilo político.
Estos hechos generaron protestas en Perú, que han dejado más de 20 muertos y cientos de heridos. La Defensoría del Pueblo registra 28 fallecidos: 22 en enfrentamientos y 6 por accidentes de tránsito y otros hechos vinculados a los bloqueos de estas convulsiones.
