En una medida que impactará de lleno a las comunidades de migrantes en suelo estadounidense, el Gobierno federal anunció que a partir del próximo 1 de octubre restringirá de manera severa el financiamiento del programa de salud pública Medicaid para miles de inmigrantes que residen en el país bajo un estatus legal.
La disposición gubernamental afectará directamente a categorías vulnerables que anteriormente contaban con acceso a este beneficio de salud integral, incluyendo a personas con estatus de asilados, refugiados oficialmente reconocidos y beneficiarios de permisos de permanencia temporal por razones humanitarias.
Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes y expertos en salud pública han expresado profunda preocupación ante la entrada en vigor de esta normativa, advirtiendo que la medida dejará sin cobertura médica esencial a miles de familias, limitando su acceso a tratamientos preventivos y atención hospitalaria de emergencia en territorio estadounidense.
