La Fiscalía de Bolivia emitió este miércoles una orden de captura contra el expresidente Evo Morales, quien es investigado por su presunta participación en las protestas y bloqueos de carreteras ocurridos entre mayo y junio. Al exmandatario se le acusa de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, además de otros delitos relacionados con las movilizaciones.
Según la resolución fiscal, Morales también enfrenta señalamientos por atentados contra la seguridad del transporte, asociación delictiva, instigación pública a delinquir y afectación a los servicios públicos. Las manifestaciones, respaldadas por sectores afines al exgobernante, exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Los bloqueos se extendieron durante siete semanas y provocaron escasez de alimentos, combustible y oxígeno medicinal en varias regiones del país. Además, las autoridades reportaron al menos 16 personas fallecidas y pérdidas económicas que superan los 3.000 millones de dólares.
La denuncia fue presentada por líderes cívicos de Santa Cruz y posteriormente respaldada por el Ministerio de Gobierno. En el mismo proceso también figuran dirigentes sindicales y campesinos vinculados a las protestas.
Por su parte, Morales rechazó las acusaciones y aseguró que las movilizaciones tenían como objetivo exigir respuestas del Gobierno a las demandas de distintos sectores sociales, negando haber impulsado la salida del presidente.
El exmandatario permanece en el Trópico de Cochabamba, donde continúa resguardado por simpatizantes. Además, enfrenta otra orden de captura en un proceso distinto por un caso de presunta trata agravada de personas, investigación por la que ya fue declarado en rebeldía tras no asistir al inicio del juicio.
