Los activistas anticorrupción y de transparencia gubernamental dicen que una nueva ley estadounidense, que permite a los fiscales federales presentar cargos penales contra funcionarios de gobiernos extranjeros que solicitan o aceptan sobornos de empresas estadounidenses, llenará un vacío importante en la lucha global contra la corrupción.
La Ley de Prevención de la Extorsión Extranjera (FEPA), parte de la Ley de Autorización de Defensa Nacional, fue promulgada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en diciembre. Sus defensores dicen que servirá como un complemento muy necesario a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés), de casi 50 años de antigüedad, que tipifica como delito que las personas radicadas en Estados Unidos paguen sobornos o influyan de manera corrupta en funcionarios extranjeros.
El gobierno de Estados Unidos presenta periódicamente cargos FCPA contra empresas estadounidenses por participar en corrupción en el extranjero, pero hasta ahora ha tenido una capacidad limitada para castigar a los funcionarios que buscan o aceptan un soborno.
Los expertos legales señalan que cuando se trata de corrupción transfronteriza, hay dos lados de cada ecuación: el lado de la “oferta”, poblado por empresas e individuos dispuestos a pagar sobornos, y el lado de la “demanda”, compuesto por funcionarios extranjeros. que solicitan o aceptan sobornos. FEPA, por primera vez, criminaliza explícitamente el lado de la demanda.
Las penas incluyen prisión, multas.
Según la ley, los fiscales estadounidenses pueden presentar cargos contra cualquier “funcionario extranjero” que solicite o acepte un soborno de una empresa o individuo que haga negocios en Estados Unidos, incluso si la actividad ilegal se lleva a cabo fuera de Estados Unidos.
La ley prevé multas de hasta 250.000 dólares, o tres veces el monto del soborno recibido, así como hasta 15 años de prisión. Los fiscales podrán solicitar la extradición de personas acusadas conforme a la ley, en el caso de países que tengan un tratado de extradición con Estados Unidos.
En los casos en que un funcionario extranjero permanezca fuera del alcance de las autoridades estadounidenses, los fiscales podrían intentar congelar sus activos y emitir órdenes de arresto si aparecen en suelo estadounidense o en un tercer país con un tratado de extradición de Estados Unidos.
