El actual procurador general de la República de Honduras, Dagoberto Aspra, denunció que su antecesor, Manuel Díaz Galeas, utilizó 310,000 dólares del Estado para financiar la defensa legal personal de varios exfuncionarios en una demanda civil en Estados Unidos.
Los recursos se habrían usado para contratar a un bufete de abogados estadounidense (White & Case) para defender al propio exprocurador, al fiscal general, Johel Zelaya y a otros exfuncionarios de la administración anterior.
Según la actual administración de la Procuraduría General de la República (PGR), el pago es irregular porque se destinó a la defensa de personas naturales y no a la defensa directa del Estado de Honduras.
Ante estas acusaciones, el exprocurador, Manuel Díaz Gáleas se defendió y calificó las acusaciones como “fake news” y argumentó que la demanda fue dirigida contra agentes estatales en el ejercicio de sus funciones, por lo que el Estado tiene la obligación de defenderlos.
La contratación del bufete permitió proteger aproximadamente 3,000 millones de lempiras del patrimonio nacional que estaban en riesgo por la demanda de Farmer.
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