Por falta de renovación de contratos, el sistema de cámaras de vigilancia del 911 no funciona, mismo que provoca el nulo monitoreo de los hechos delictivos que cometen grupos antisociales en Honduras.
El que no funcionen estas cámaras es un punto a favor del crimen organizado, según expertos en materia penal, las mismas anteriormente evidenciaban en los tribunales de la justicia los hechos que cometían grupos delictivos que mantienen de rodillas a muchos hondureños.
El contrato de compra de estas cámaras de vigilancia le costó mas de 100 millones de dólares al Estado de Honduras.
A pesar de que los ciudadanos realizan denuncias, cuando los agentes policiales buscan las grabaciones, las mismas no están, una ventaja para la ola criminal y sus ejecutores.
Ante esto, el abogado Gonzalo Sánchez, recomendó a las autoridades de Honduras a ampliar al menos seis meses más el Estado de Excepción y a activar las cámaras de vigilancia para que sean una prueba irrefutable en los tribunales.
