Laura Suazo la Exministra de la SAG reaccionó ante las denuncias de irregularidades en el manejo del bono tecnológico.
Ante las recientes declaraciones públicas en los medios de comunicación del actual Secretario de Estado de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) relacionadas con la administración de la SAG durante el período de enero 2022 a enero 2026, considero un deber con la ciudadanía, con los productores hondureños y con quienes formaron parte de nuestro equipo de trabajo, aclarar lo siguiente:
Las afirmaciones de que no existen liquidaciones, documentación o registros de la ejecución de los programas desarrollados durante nuestra gestión son falsas.
Al concluir la administración, el 30 de enero de 2026, fecha de ingreso del actual Secretario de Estado, se le entregó la documentación técnica y administrativa al detalle (Informe de Gestión 2022-2025, Informes Anuales de Gestión 2022, 2023, 2024 y 2025). Asimismo, se indicó la ubicación física y electrónica de los expedientes a través de las plataformas digitales utilizadas durante el período de gestión. Entre estos registros se encuentran las bases de datos de beneficiarios, expedientes técnicos, informes de ejecución financiera y cientos de miles de actas de entrega debidamente digitalizadas, las cuales permanecen bajo custodia de la actual administración de la SAG. Se presentaron también las personas clave para la transición y el seguimiento a este y otros temas.
Es importante señalar que la Auditoría Financiera y de Cumplimiento Legal que actualmente realiza el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) a la SAG fue promovida, por nuestra administración durante el 2025. La propuesta final fue aceptada el 24 de noviembre de 2025, mediante Oficio SAG 1373-2025, para lo cual se suscribió el respectivo convenio de cooperación institucional entre la SAG, el TSC y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). Esta acción evidencia nuestro compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la evaluación objetiva de la gestión pública.
Con relación a los recursos del Programa Bono Tecnológico Productivo, Bono Ganadero y Bono Café, así como otras inversiones estratégicas, fueron administrados en su totalidad por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), bajo mecanismos internacionales de administración financiera, adquisiciones, control y rendición de cuentas y cumplimiento de la normativa nacional. Cada año se presentaron las correspondientes liquidaciones financieras conforme a los procedimientos establecidos, mientras que la documentación técnica de respaldo existe tanto en formato físico como en plataformas digitales en la SAG.
Asimismo, las adquisiciones de bienes, insumos y equipos se realizaron mediante procesos de licitación y contratación establecidos en los convenios y en la normativa aplicable, garantizando competencia, transparencia y trazabilidad por parte del IICA en estrecha coordinación con los coordinadores responsables de la ejecución de cada bono así: Bono Tecnológico Productivo (Director de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agrícola (DICTA), Bono Ganadero (Subsecretario de Ganadería), y Bono Café (Subsecretario de Café).
También rechazamos de manera enfática las afirmaciones relacionadas con un supuesto deterioro del patrimonio institucional. Al contrario, nuestra administración fortaleció significativamente la capacidad operativa de la SAG mediante la incorporación de más de sesenta vehículos nuevos, la modernización de laboratorios, el fortalecimiento de centros experimentales, la adquisición de equipo técnico, la recuperación de espacios de trabajo, el mejoramiento de infraestructura a nivel nacional, la promoción de área bajo riego (incluyendo la primera fase del Plan Nacional de Riego y Drenaje, que debe continuarse), el Censo Nacional Agropecuario (después de 30 años sin actualización), énfasis en aumentar la producción de frijol, maíz y arroz; renovación del parque cafetalero con más de 120 millones de plántulas de variedades tolerantes a efectos del cambio climático, el fortalecimiento de la piscicultura y más de 30 cadenas agroalimentarias, la promoción de agroindustria y competitividad rural, atención a mujeres y juventud rural, cambio climático y otras acciones orientadas a dinamizar el desarrollo del sector agroalimentario.
Más allá de afirmaciones sin sustento, nuestra gestión impulsó una de las transformaciones más importantes de la SAG en las últimas décadas. Recuperamos el Sistema Nacional de Extensión Agropecuaria, eliminado desde 1992, como eje de la Política de Estado del Sector Agroalimentario (PESAH 2023–2043), fortaleciendo la asistencia técnica a miles de productores, con énfasis en el Corredor Seco. Asimismo, mediante el Bono Tecnológico Productivo y el modelo de Escuelas de Campo se atendió a más de 500 mil productores agrícolas (dos entregas al año), más de 90 mil ganaderos y más de 119 mil caficultores. Estas acciones contribuyeron a fortalecer la producción nacional, la seguridad alimentaria y los medios de vida rurales, en un contexto en el que Honduras registró una reducción de la población en Fase III y IV de inseguridad alimentaria, del 29 % en 2021 a un 16 % estimado para 2025, según las evaluaciones correspondientes.
Nuestro compromiso siempre fue con los productores, la transparencia y el fortalecimiento institucional. Por ello reiteramos nuestra total disposición para colaborar con cualquier auditoría o investigación que se desarrolle conforme a la ley y al debido proceso. Estamos convencidos de que la revisión objetiva de la documentación, de los registros institucionales y de las liquidaciones existentes permitirá establecer la verdad de los hechos.
Confiamos que los organismos contralores del Estado actuaran con independencia, objetividad e imparcialidad, realizando las verificaciones que estimen pertinentes de acuerdo con las competencias que la ley les confiere. Confiamos en que las autoridades de la SAG brinden la información correspondiente al Equipo de Auditores del TSC y de ser necesario nos llamen para facilitar el proceso de identificación o de comprensión de la información.
La administración pública debe evaluarse sobre la base de evidencia documental, resultados verificables y respeto al Estado de Derecho, nunca mediante señalamientos mediáticos que puedan afectar injustamente el prestigio de las personas y de las instituciones.
La verdad siempre descansa en los hechos, y los hechos documentados hablan por sí mismos.
