El 20 de octubre en Guatemala es un día histórico, porque se suele recordar la revolución encabezada por estudiantes, trabajadores y militares en 1944 que logró derrocar a un gobierno de facto y encaminar al país a las primeras elecciones libres y democráticas, que un año después derivaron en el comienzo de la presidencia de Juan José Arévalo.
A 79 años de la Revolución de Octubre la tensión otra vez se vive en el país. Esta vez no son los militares, pero sí los pueblos originarios de Guatemala los que, junto con estudiantes y trabajadores, lideran las protestas. Es probable que este viernes miles de personas salgan a las calles no solo para recordar ese día, sino para intensificar los reclamos para que renuncie la fiscal general, Consuelo Porras, dado que desde el Ministerio Público se lidera el asedio para que, paradójicamente el hijo de Arévalo, Bernardo, no pueda asumir la presidencia para la que fue electo en agosto, o al menos tenga más difícil la gobernabilidad.
Guatemala lleva casi 20 días de protestas lideradas por 48 cantones indígenas que tienen bloqueadas, calles, carreteras, pero en que en las últimas horas se han flexibilizado. La protesta que generó más polémica es la que llevan adelante frente a la sede del Ministerio Público. Este miércoles, luego de una orden judicial, los manifestantes liberaron pacíficamente el paso y retiraron carteles, pero seguirán allí en reclamo por la renuncia de Porras.
La mayor parte de las protestas han sido pacíficas. Solo se registraron incidentes cuando algunas personas intentaron infiltrarse en las manifestaciones para desvirtuarlas. Esta semana, todo se volvió más tenso luego que un grupo armado irrumpió en uno de los piquetes para intentar desalojarlos e ingresaron a los tiros, matando a una persona y dejando a otras dos heridas.
Pese a que los manifestantes flexibilizaron algunas de sus medidas, lo que siguió, lejos de bajar la tensión, solo la aumentó. El asedio de Porras empezó a dirigirse también hacia la Policía. La intención del Ministerio Público -y también del presidente en ejercicio Alejandro Giammattei que las hizo públicas en una cadena de radio y televisión- es que los piquetes se disolvieran.
Dentro del gobierno se encontraron un escollo. La Policía no reprimió en ningún momento y siempre apostó al diálogo pacífico, al punto que la actitud fue elogiada por la misión de mediación de la Organización de Estados Americanos (OEA) presente en Guatemala en un comunicado emitido la semana pasada.
Pero Porras presionó e inició una acción judicial para intentar que cayera el ministro de la Gobernación que es quien tiene en Guatemala a cargo la gestión policial. El MP pidió el lunes la destitución del ministro David Napoleón Barrientos y ese mismo día, antes que se ejecutaran acciones judiciales, el ministro dejó su cargo.
Además, la fiscalía tambíen avanzó por la vía legal. Planteó un recurso ante la Corte Constitucional (CC) en la que pidió que se amparara a la Policía para que pudiese usar la fuerza para disolver las manifestaciones. La CC dio lugar al amparo, lo que puede ser una carta blanca para que desde este jueves avance la represión en Guatemala. El miércoles, al liberar el ingreso al MP los manifestantes se movieron pacíficamente y no fue necesario usar la fuerza, pero el temor está en lo que suceda este viernes en las protestas masivas que se esperan por el 20 de octubre.
