Estados Unidos acusó de presuntos vínculos con el narcotráfico al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto con otros nueve funcionarios mexicanos, en una acción que eleva la tensión en la relación bilateral en materia de seguridad.
De acuerdo con reportes oficiales, las acusaciones estarían relacionadas con posibles nexos con organizaciones criminales que operan en el noroeste de México, particularmente el Cártel de Sinaloa.
Hasta ahora, las autoridades mexicanas no han confirmado cargos formales en territorio nacional, mientras que el gobierno de Estados Unidos no ha detallado públicamente todos los elementos de la investigación.
El señalamiento podría tener implicaciones políticas y diplomáticas, en un contexto donde la cooperación en seguridad entre ambos países se mantiene como uno de los ejes clave de la agenda bilateral.
En un documento oficial fechado el 29 de abril de 2026, la Embajada de Estados Unidos en México informó que la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York presentó cargos penales contra el gobernador Rocha y otras personas.
El comunicado, atribuido al embajador Ron Johnson, subraya que combatir la corrupción y el crimen organizado transnacional es una prioridad compartida entre ambos países.
También señala que, aunque no pueden comentar detalles específicos del caso, las investigaciones seguirán su curso conforme a la jurisdicción estadounidense.
El posicionamiento enfatiza que cualquier acto de corrupción que facilite al crimen organizado será investigado y procesado, al tiempo que reafirma la cooperación entre ambos gobiernos en temas de seguridad, Estado de derecho y fortalecimiento institucional.
