En conferencia de prensa sostenida el día de hoy, el subdirector del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Christian Duarte, denunció la información falsa que ha circulado en relación con el impacto de la Ley de Justicia Tributaria en la canasta básica. Aclaró que la Ley no quita ninguna exención a la canasta básica, ni a los insumos, fertilizantes y materias primas para la producción agrícola. Indicó que, en lugar de encarecer la canasta básica, la Ley busca corregir el modelo de exoneraciones que actualmente beneficia a importadores de maquinaria y equipo, para beneficiar a quien verdaderamente produce, que son los campesinos y campesinas.
El Subdirector reveló que las exoneraciones otorgadas durante la dictadura beneficiaron a empresas que no eran productoras: “Entre 2019 y 2021, 5 empresas que no se dedican a la producción agrícola, sino ala venta de maquinaria, recibieron L4,700 millones en exoneraciones, lo que representó el 70% de los beneficios en este régimen. Estos beneficios no se trasladaron a los productores, quedaron únicamente en los bolsillos de los dueños de estas empresas.”
Entre 2018 y 2021 se perdieron casi medio millón de empleos en el sector agrícola, provocados por las políticas de apertura comercial y abandono de los campesinos y campesinas, como la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (CAFTA-DR) y la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola (LMDSA). Aunado a esto, el Gobierno anterior cerró BANADESA, impidiendo que los pequeños y medianos productores agrícolas lograran acceder a crédito, se abandonó la política para permitir el acceso a tierras mediante una Reforma Agraria Integral y se destruyeron instituciones claves como la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA) que brindaba asistencia técnica a los productores del campo.
El Gobierno de la Presidenta Xiomara Castro ha priorizado a los productores agrícolas mediante políticas de aseguramiento de acceso a créditos, la entrega masiva de bono tecnológico, y el subsidio al diésel. En 2022, BANADESA otorgó más de 800 millones de lempiras a una tasa del 2.5% a productores y productoras agrícolas. Entre 2017 y 2021, BANADESA estuvo prácticamente cerrado sin colocar ni un tan solo lempira en créditos. De igual forma, se entregaron más de 1,200 millones de lempiras en bonos tecnológicos de semilla mejorada y fertilizante a 250,000 pequeños productores. El Gobierno subsidió en cerca de 6,000 millones de lempiras el combustible diésel, uno de los principales insumos para la producción agrícola.
Junto con los esfuerzos del Gobierno, la Ley busca revertir la destrucción histórica del campo, impulsado a los micro, pequeños y medianos productores nacionales. Se otorgarán exoneraciones a campesinos y campesinas que anteriormente no lograban acceder a estos beneficios. La Ley de Justicia Tributaria establece que el sector agrícola es de las principales prioridades para la inversión pública, privada y mixta que será impulsada e incentivada por el Gobierno. El Subdirector aclaró que la Ley no impacta las exenciones en canasta básica, y tampoco impacta las exenciones existentes para los insumos, fertilizantes y materias primas agrícolas. Estos beneficios se mantienen.
El subdirector cerró indicando haciendo un llamado a la cordura a la cúpula del Sector Privado, y recordando que, en 2009, por haber incrementado el salario mínimo y haber otorgado subsidios a los más pobres, organizaron y promovieron un Golpe de Estado.
