La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se encuentra sumergida en una crisis que se extiende ya por siete años, pero lo ocurrido en el último mes y medio ha intensificado la situación a niveles sin precedentes. En 2017, la Guardia Civil hizo su primera incursión en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, con el fin de detener a Ángel María Villar, quien, a pesar de las acusaciones, nunca fue declarado culpable.
Bajo la presidencia de Luis Rubiales, el escándalo conocido como el Caso Negreira trajo consigo dos registros adicionales: uno en el Comité Técnico de Árbitros (CTA) y el otro en las oficinas de ejecutivos clave de la RFEF.
Dicha situación se agravó en las últimas semanas, cuando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registró la residencia de Rubiales en Granada, así como diferentes despachos profesionales.
En el centro de esta polémica se encontraban los contratos irregulares durante los cinco años de mandamiento de Rubiales, en los que se acordó llevar la Supercopa de España a Arabia, y que fueron llevados a cabo por el expresidente de la RFEF, junto al exjugador del Barcelona Gerard Piqué y su empresa Kosmos.
En dicho operativo se dieron órdenes de detención a 12 personas, entre las que estaba Rubiales, pero debido a su presencia en la República Dominicana no se pudo efectuar, aunque también se registró su domicilio en el país caribeño, donde se incautaron cinco móviles, tres pendrive, un iPad y un Rolex.
Fue después de Semana Santa, al regreso del exmandatario a España, cuando nada más aterrizar fue detenido en el aeropuerto por la UCO. En este momento, se le comunicó su situación de investigado, pero, tras negarse a declarar, fue puesto en libertad y está citado el próximo lunes 29 de abril a las 10:00.
Por su parte, Pedro Rocha, que recientemente dimitió de su cargo como presidente de la RFEF para convocar elecciones y optar a ser reelegido, pasó deser testigo a ser investigado. En la tarde del viernes, la jueza Delia Rodrigo decidió imputar al virtual presidente de la RFEF en el marco de la Operación Brody, y pasará a estar en el mismo marco de investigación que otros exmiembros de la federación.
La decisión la tomó después de que el dirigente respondiera al fiscal que, como presidente de la comisión económica, solo tenía función representativa, como argumento al ser preguntado por un contrato de adjudicación a la constructora Gruconsa para remodelar el estadio de La Cartuja.
