El juzgado competente ha informado este viernes que los tres ex diputados señalados por supuestamente desviar 27 millones de lempiras destinados para acciones sociales podrán defenderse en libertad, esto tras presentarse a su respectiva audiencia.
La Unidad Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), presentó requerimiento fiscal contra exdiputados y representantes de Organizaciones No Gubernamentales (ONG), acusados de presuntamente defraudar al Estado por más de 27 millones de lempiras.
Cabe mencionar que, estos fondos destinados para reducción de la pobreza y proyectos sociales a ejecutarse entre los años 2011 y 2017, habrían sido desviados de manera irregular, según investigaciones por parte de las autoridades.
Las personas imputadas por el delito de fraude son: Rodimiro Mejía, José Vicente León Rojas, Perla Simons Morales, ex diputados del Congreso Nacional; Dalia Esmeralda Palma Sánchez, representante legal y administradora de hecho de la Organización Inclusión Honduras Internacional (OIHIN); José Wilfredo Flamenco Ramírez, Laura Rosa Sánchez García, miembros fundadores de la junta directiva de la OIHIN. Además, se imputa a los ciudadanos José Wilfredo Flamenco Acevedo, Miguel Ángel Hernández Mejía y David Abner Flores Montoya.
Según el requerimiento fiscal, la Organización No Gubernamental Inclusión Hondureña Internacional (OIHIN), creada el 21 de marzo de 2010, fue utilizada como un mecanismo para desviar fondos estatales provenientes del Fondo de Desarrollo Departamental del Congreso Nacional y del Fondo Rotatorio de la extinta Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS). Estos recursos, que en principio estaban destinados para 17 proyectos sociales, fueron desviados mediante la emisión de cheques a favor de particulares y empresas sin justificación legal.
Las auditorías realizadas por UFERCO evidencian inconsistencias en los estados financieros de OIHIN, registros bancarios alterados, liquidaciones incompletas y pagos irregulares. Entre los beneficiarios de los cheques figuran exdiputados, particulares y empresas que no ejecutaron las obras establecidas. Los fondos desviados fueron utilizados para compras personales, adquisición de terrenos, vehículos y pagos de alquileres.
