El Parlamento Centroamericano (Parlacen) se sumó a la lista de organismos internacionales de los que ha retirado a Nicaragua en los dos últimos años el Gobierno que copresiden los esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo, un país inmerso en una crisis sociopolítica y de derechos humanos desde abril de 2018.
El pasado 3 de octubre, el Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, notificó a la Junta Directiva del Parlacen que denunciaba el Tratado Constitutivo de ese organismo y otras instancias políticas «con efecto inmediato», sin explicar los motivos de esta decisión.
El Parlacen, integrado actualmente por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, ya respondió que analiza el anuncio de Managua sobre su desvinculación del organismo, el cual, según los expertos, no contempla una cláusula de denuncia o de retiro explícita, por lo que intentar este paso involucra dos vías, la diplomática y la del derecho internacional.
El anuncio del Gobierno nicaragüense de abandonar el Parlacen se da después de que la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó por unanimidad una resolución en la que exige la celebración de elecciones libres y la liberación incondicional de presos políticos e insta a recuperar la separación de poderes en Nicaragua, entre otros.
Las agencias de la ONU y la OEA
El 4 de febrero de 2025, Nicaragua anunció su salida de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y ordenó el cierre «a lo inmediato» de su representación y de sus oficinas en Managua, luego de que el ente calificara al país como una de las naciones con mayor hambre en el mundo.
Tres semanas después, el Gobierno nicaragüense anunció su retirada del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, tras conocer un informe del Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua que pidió condicionar el acceso preferencial de Nicaragua al mercado de Estados Unidos y de la Unión Europea a parámetros de derechos humanos.
Este grupo también instó a demandar al país ante la Corte Internacional de Justicia por privar de la nacionalidad a al menos 452 nicaragüenses.
El 28 de febrero, el Ejecutivo sandinista anunció su retiro de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), a las que acusó de actuar «politizadamente prestándose a maniobras de desestabilización e injerencismo» sobre Nicaragua, y de no cumplir con la misión para la que fueron creadas.
A esas agencias se le sumó en mayo de ese año la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), de la que Nicaragua se retiró en protesta por la atribución al periódico nicaragüense La Prensa de su Premio Mundial a la Libertad de Prensa.
