Honduras tiene décadas de aplicar una política fiscal regresiva que incluye exenciones y exoneraciones fiscales que no han logrado su cometido de lograr incentivar las inversiones y generar empleo.
Ante este panorama, el gobierno de Xiomara Castro anunció en las últimas semanas la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria que contempla la revisión de las exoneraciones y exenciones fiscales que, en promedio, llevan 25 años de aplicarse.
Según el gobierno, la misma busca justicia social, evitar mas abusos en el uso de regímenes tributarios, evitar ser un país de paraíso fiscal, el que más gana debe pagar más y el que menos gana debe pagar menos.
El Gobierno de Honduras expuso la socialización del proyecto de Ley de Justicia Tributaria con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep). Funcionarios del gobierno encabezados por el secretario privado de la presidencia, Héctor Zelaya, el ministro de Desarrollo Económico, Pedro Barquero y el director del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Marlon Ochoa presentaron a los empresarios los alcances de la reforma tributaria.
Por su parte, el presidente del Cohep, Mateo Yibrin, dijo que el gobierno central con sus declaraciones y reformas a esta ley denota que quieren ser enemigos de la empresa privada.
“Realmente lo que se pretende es alejar la inversión, eliminar los puestos de trabajo que actualmente tiene Honduras y no una propuesta de exoneraciones. No sabemos si el señor Marlon Ochoa quiere que se vaya esa empresa que genera 25 mil empleos, yo creo que el señor Ochoa no sabe ni lo que es poner una pulpería y solo vino a atacarnos”, expresó Yibrin.
Añadió que: “Se dijo que el país estaba quebrado y aumentaron el presupuesto y los gastos, Hablan de que debemos tener seguridad jurídica, pero dicen una cosa y hacen otra. El señor Ochoa quiere que desaparezca la empresa privada, porque no quiere que paguen impuestos los pobres, yo creo que su propuesta es trasnochada”.
