El Gobierno de Argentina inscribió a Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) como organización terrorista, al acusarla de provocar los incendios que han arrasado con miles de hectáreas en la Patagonia.
“Terroristas, eso son y así deben ser tratados y juzgados cada vez que la RAM incendia o causa estragos en la Patagonia, poniendo en peligro la vida, los bienes y los recursos naturales de todos los argentinos”, informó este viernes el ministro de Defensa, Luis Petri, a través de su perfil en la red social X.
El Gobierno de Milei insiste en que la RAM, que cuenta con un solo miembro reconocido, Jones Huala, y sobre la que no hay pruebas de que sea un grupo organizado, según expertos consultados, es causante de actos de violencia y del fuego que azota al sur de Argentina, donde vive buena parte del pueblo mapuche.
Mediante la Resolución 210/2025 firmada por la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, el Gobierno incluyó a la RAM en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), en el que figuran Hamás, Hizbolá, Al Qaeda y Yihad Islámica.
Bullrich fundamentó esta medida en un informe técnico jurídico que vincula a la RAM con hechos violentos, incluidos ataques a la propiedad y personas.
El Gobierno insistió en vincular «los sabotajes y los atentados incendiarios a la infraestructura del sistema capitalista”, reivindicados por Huala, a los incendios que comenzaron a fines de 2024 en la Patagonia, a pesar de que el activista ha negado tales acusaciones.
“Dicen que andamos prendiendo fuego los bosques donde vive nuestra gente. Todas mentiras. Jamás lo hemos hecho ni lo haríamos», dijo Jones Huala.
Las acusaciones
“Recientemente, han provocado y continúan provocando en la Argentina una catástrofe ecológica mediante el incendio de decenas de miles de hectáreas de bosques milenarios cuya recuperación resultará imposible por un número incalculable de generaciones”, indica el informe del Ministerio de Seguridad Nacional que acompaña la resolución.
Sin embargo, Gustavo Franquet, miembro de la Gremial de Abogados de Argentina, dijo que “no hay una sola sentencia judicial que lo sustente”.
